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Aumento de controles vehiculares disminuye en un 45 % los fallecidos en accidentes
Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), y el Viceministerio de Transporte (VMT) incrementaron los controles vehiculares en las carreteras, especialmente en las cercanías de sitios turísticos.
Este aumento de fiscalización del espacio vial ha dado como resultado una destacada disminución de fallecidos en accidentes de tránsito. Entre el sábado 1.° de abril, hasta el domingo 9 se reportan 22 personas fallecidas en accidentes, mientras que para ese mismo periodo de tiempo en 2022 se registraron 40 muertes. Esto representa una disminución del 45 %. En este periodo vacacional también se reportan 396 accidentes y 283 lesionados
Esta mañana, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, verificaron un control vehicular en la carretera que conduce al puerto de La Libertad. Ahí inspeccionaron que los conductores contaran con sus documentos de tránsito y con los artículos de seguridad vial como el cono, el extintor y la llanta de repuesto.
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De acuerdo con Rodríguez, se desplegaron más de 3,000 elementos entre policías, gestores de tráfico e inspectores del Viceministerio de Transporte. «Se han incrementado los controles vehiculares y las infracciones, así como las restricciones del transporte de carga para garantizar que la población se pudiera trasladar a los destinos turísticos de una manera ágil pero también segura», explicó el titular del MOP.
Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que los gestores de tráfico y los policías de tránsito impusieron 11,405 multas por faltas a la normativa vial. De esta cantidad, aproximadamente el 20 % corresponde al transporte colectivo. «Hasta el momento, durante este periodo vacacional, impusimos 11,405 multas, lo que supone un aumento del 50 % con las 7,576 multas impuestas durante la misma temporada del año pasado», explicó Reyes.
Dentro de las faltas más frecuentes se encuentran no portar documentos en regla o implementos de seguridad vial en las unidades, cambios de recorridos; otra falta común es no contar con el carné de conductor, entre otras. De acuerdo con el VMT, durante el periodo vacacional han mantenido un estricto control al transporte público, esto con el fin de garantizar el cobro exacto del pasaje y la tranquilidad de los miles de usuarios que hacen uso de este medio para viajar hacia diferentes destinos en el país.
Asimismo, duplicaron la cantidad de pruebas antidopaje ejecutadas a escala nacional, las cuales fueron 2,890 para este año, suponiendo un incremento del 100% respecto al año pasado, cuando aplicaron 1,444. Estos controles permitieron la captura de 59 conductores peligrosos y más de 200 multados por conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con Reyes, han empezado a identificar un cambio cultural sobre la conducción peligrosa, ya que, a pesar de incrementar los controles, identifican menor cantidad de personas manejando bajo el efecto del alcohol.
En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, han brindado 710 servicios de asistencia vial en todo el territorio en este periodo vacacional. Fueron 35,000 kilómetros de carretera recorridos
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
