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Asamblea Legislativa aprueba iniciativas para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles iniciativas de ley para combatir a las pandillas durante una sesión plenaria extraordinaria.
La primera iniciativa en ser aprobada, con 76 votos a favor y una abstención, contiene reformas al Código Penal, a través de las cuales se aumentarán las penas al delito de agrupaciones ilícitas de 20 a 30 años y si se trata de cabecillas de las estructuras criminales, las sanciones penales pasarían a ser de 40 a 45 años.
La segunda pieza aprobada corresponde a la reforma de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la cual fue aprobada con 75 votos a favor. Esto permitirá aumentar la pena a los agravantes especiales entre 20 a 30 años.
Durante la sesión plenaria extraordinaria también se presentó la reforma del Código Procesal Penal que consiste en modificar los procesos de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas delictivas cometidas por pandilleros. Dicha iniciativa fue aprobada con 66 votos a favor.
Entre dichas modificaciones se incluyen nuevas medidas de protección para jueces, la declaración de testigos será válida, aunque no comparezcan y se eliminan las medidas alternas a la detención para pandilleros.
«Estas reformas al Código Procesal Penal se resumen en proteger los datos de los jueces, porque sabemos que han sucedido casos en los que pandilleros han llegado a afectar su integridad para que no emitan las sentencias», comentó el diputado Caleb Navarro.
Por otra parte, la reforma de Ley de Presupuestos 2022 para reforzar al Ministerio de Seguridad y la Fuerza Armada con la adquisición de equipo y armamento para combatir pandillas fue aprobada con 66 votos a favor. Dicha iniciativa permitirá la incorporación de $20 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional y $60 millones para el Ministerio de Seguridad.
Acto seguido, la Asamblea Legislativa procedió a aprobar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo que consiste en una serie de reformas para probar de forma más expedita la participación en pandillas y demás aumentar las penas. La reforma entrará en vigencia gracias a los 63 votos a favor por parte de los diputados. La quinta pieza de correspondencia aprobada también pretende readecuar la redacción y tipificación de la definición de «Organizaciones Terroristas».
La sexta reforma fue aprobada con 65 votos a favor y corresponde a la Ley Penal Juvenil, la cual tiene el objetivo de castigar con hasta 10 años de prisión a los menores de edad entre 12 y 18 años que participen en pandillas.
«Nosotros estamos dando fin a su política que fue asquerosa. Ahora, nuestros niños tienen mejores oportunidades. Estamos cortando de raíz los problemas heredados por ustedes (la oposición)”, expresó la diputada Janneth Molina.
Posteriormente, el pleno legislativo procedió a aprobar con 73 votos la reforma de Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en este sentido, los pandilleros que cometan dicho delito serán sometidos a una pena de 10 a 15 años de prisión.
La octava pieza de correspondencia de la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo cuyo objetivo es entregar retribuciones económicas a los testigos que brinden información para capturar pandilleros fue aprobada con 66 votos a favor. El Ministerio de Justicia y Seguridad será la entidad encargada de definir los montos a otorgar.
Finalmente, la sesión plenaria extraordinaria para evaluar las iniciativas para combatir a las pandillas en El Salvador culminó a las 9:49 de la noche de este 30 de marzo.
En la tarde de este 30 de marzo, la Asamblea Legislativa recibió nueve iniciativas para combatir a la delincuencia de manera frontal. Según el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, las piezas de correspondencia tienen el objetivo de destinar los recursos económicos y legales para continuar desarticulando a las pandillas en todo el territorio salvadoreño.
Una de las piezas de correspondencia de ley tiene el objetivo de otorgar $30 millones para la Policía Nacional Civil, con el cual la entidad será capaz de reforzar el armamento.
Por. DES.
La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República.
«Te llamamos de parte de la Mara Salvatrucha, la onda que queremos una colaboración de $500, de lo contrario te vamos a matar, a tu familia o a vos», fue la exigencia que hizo un terrorista de la MS a la víctima, clave Marenco, en agosto de 2022.
El ofendido debía pagarles la extorsión el 3 de agosto de ese año en la residencial Versalles, de San Juan Opico, La Libertad, pero se había negado, según consta en el expediente judicial de Rodrigo Armando Rosales Portillo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por ese caso.
La investigación detalla que uno de los terroristas le detalló a la víctima que le volverían a llamar para indicarle la hora, el lugar exacto y quién sería el que llegaría a recoger el dinero de la extorsión.
El día de la entrega llegó otro pandillero a la casa de la víctima y le expresó: «Mirá, la onda está que para hoy a las 10 de la mañana, frente a la terminal de buses de aquí de Versalles, tenés que entregar el dinero». El ofendido preguntó quién lo recogería y el terrorista le indicó que llegaría un «cipote en bicicleta»; además recomendó que usara camisa y gorra negra.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades, quienes coordinaron una entrega controlada de dinero en el lugar establecido. El dispositivo estuvo compuesto por tres equipos: el primero era el investigador, quien entregó el paquete que simulaba la cantidad exigida por los extorsionistas; el segundo lo conformó una investigadora, que estaba dentro de un vehículo, ella vigiló y tomó las fotografías; mientras que el tres tuvo la labor de vigilancia, seguimiento y captura de los extorsionistas.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, puntualmente apareció Rosales Portillo a bordo de una bicicleta BMX y observó a todos lados de la terminal. El investigador entregó el dinero en un sobre blanco, el sujeto se lo guardó en la bolsa derecha del pantalón, tomó la bicicleta y se fue con rumbo sur por el bulevar Campos Elíseos, donde el equipo tres observó la entrega; los agentes se bajaron del vehículo, intervinieron al pandillero y lo capturaron en flagrancia por el delito de extorsión.
Los agentes se identificaron como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Ejecutaron un registro donde le encontraron el paquete que simulaba los $500, que consistía en un billete de $5 y recortes de periódicos. Además, le decomisaron un celular.
Tras un proceso penal donde Rosa les Portillo confesó su delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo sentenció por extorsión agravada.
«Yo me encontraba en el taller, mi lugar de trabajo en la residencial Versalles, cuando me llegó una llamada de un varón llamado Roberto, me dijo que si le podía ir a traer un dinero, yo en ese momento acepté, como una tontera, pero yo soy alguien estudiado y estoy consciente de lo que haría, no iba a ir a traer un vuelto de tortillas, estaba consciente de que iba a traer una extorsión, él me dice que vaya a traer la cantidad de $250», confesó el imputado.
«Iba a estar un hombre de negro y de gorra negra, quien me entregaría el dinero, acepté, y vengo y le digo a un compañero de trabajo que me preste su bicicleta, para ir a mi casa. A él no le di mayor explicación, la agarré [la bicicleta], llegué al punto de buses, encontré al varón, que anteriormente me había descrito Roberto. Me dijo: “Vos sos ” y yo le dije que sí. Me entregó el dinero, me subí a la bicicleta, salí de nuevo como para el taller, avancé unos cinco metros cuando la policía me atrapó», agregó.
La condena contra Rosales Portillo figura entre las 5,768 que la Fiscalía General de la República (FGR) logró en diferentes tribunales entre enero de 2020 y el 22 de febrero de 2026. La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con sus datos.
Entre esos años, 2021 fue cuando más sentencias alcanzó la FGR, con 1,055 condenas; 1,022, en 2024; 1,003, en 2023; 947, en 2025; 889, en 2022; mientras que en 2020 fueron 745.
La alta cifra de sentencias de 2023 y 2024 refleja los resultados del régimen de excepción, la herramienta legal con la que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde finales de marzo de 2022.
En noviembre de 2021, César Alexánder Cerna Catalán, pandillero de la 18, llegó en su bicicleta hasta el comercio de una víctima ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. En tono amenazante le dijo que era terrorista y que debía entregar $800 pues ya tenía varios meses en el negocio y no entregaba el dinero que le habían exigido anteriormente, por tanto, debía ponerse «al día», porque si no lo pagaba, lo matarían y a su familia.
La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y declaró que el pandillero llegó en una segunda ocasión a pedir la extorsión, pero él le dijo que no tenía debido a las malas ventas. En una tercera oportunidad, Cerna Catalán se hizo acompañar de otro pandillero, pero por temor, la víctima mantenía cerrado su negocio; los terroristas tocaron la puerta, pero no les abrió.
En 2022, el afectado reconoció al terrorista cuando llevaban a este último en una patrulla policial. Acudió a la justicia y presentó la noticia de la detención de Cerna Catalán, a quien responsabilizó de exigirle la extorsión a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia.
En agosto de ese mismo año, la víctima se presentó hasta la oficina del Equipo Local Antiextorsiones del Departamento de Investigaciones de Santa Ana, donde le mostraron las fotografías del sujeto.
Tras las investigaciones, en 2023 Cerna Catalán recibió una condena de 15 años de cárcel por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el delito de extorsión continuada
Un hombre de 60 años resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos sobre una escalera en el centro del distrito de Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 7ª calle poniente, entre la 6ª y 8ª avenida sur, donde la víctima cayó mientras desarrollaba sus labores.
Socorristas de la Cruz Azul Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para estabilizar al hombre.
Posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de Semana Santa.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.
Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.
