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Asamblea Legislativa aprueba iniciativas para combatir a las pandillas
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles iniciativas de ley para combatir a las pandillas durante una sesión plenaria extraordinaria.
La primera iniciativa en ser aprobada, con 76 votos a favor y una abstención, contiene reformas al Código Penal, a través de las cuales se aumentarán las penas al delito de agrupaciones ilícitas de 20 a 30 años y si se trata de cabecillas de las estructuras criminales, las sanciones penales pasarían a ser de 40 a 45 años.
La segunda pieza aprobada corresponde a la reforma de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la cual fue aprobada con 75 votos a favor. Esto permitirá aumentar la pena a los agravantes especiales entre 20 a 30 años.
Durante la sesión plenaria extraordinaria también se presentó la reforma del Código Procesal Penal que consiste en modificar los procesos de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas delictivas cometidas por pandilleros. Dicha iniciativa fue aprobada con 66 votos a favor.
Entre dichas modificaciones se incluyen nuevas medidas de protección para jueces, la declaración de testigos será válida, aunque no comparezcan y se eliminan las medidas alternas a la detención para pandilleros.
«Estas reformas al Código Procesal Penal se resumen en proteger los datos de los jueces, porque sabemos que han sucedido casos en los que pandilleros han llegado a afectar su integridad para que no emitan las sentencias», comentó el diputado Caleb Navarro.
Por otra parte, la reforma de Ley de Presupuestos 2022 para reforzar al Ministerio de Seguridad y la Fuerza Armada con la adquisición de equipo y armamento para combatir pandillas fue aprobada con 66 votos a favor. Dicha iniciativa permitirá la incorporación de $20 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional y $60 millones para el Ministerio de Seguridad.
Acto seguido, la Asamblea Legislativa procedió a aprobar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo que consiste en una serie de reformas para probar de forma más expedita la participación en pandillas y demás aumentar las penas. La reforma entrará en vigencia gracias a los 63 votos a favor por parte de los diputados. La quinta pieza de correspondencia aprobada también pretende readecuar la redacción y tipificación de la definición de «Organizaciones Terroristas».
La sexta reforma fue aprobada con 65 votos a favor y corresponde a la Ley Penal Juvenil, la cual tiene el objetivo de castigar con hasta 10 años de prisión a los menores de edad entre 12 y 18 años que participen en pandillas.
«Nosotros estamos dando fin a su política que fue asquerosa. Ahora, nuestros niños tienen mejores oportunidades. Estamos cortando de raíz los problemas heredados por ustedes (la oposición)”, expresó la diputada Janneth Molina.
Posteriormente, el pleno legislativo procedió a aprobar con 73 votos la reforma de Ley Especial contra el Delito de Extorsión, en este sentido, los pandilleros que cometan dicho delito serán sometidos a una pena de 10 a 15 años de prisión.
La octava pieza de correspondencia de la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo cuyo objetivo es entregar retribuciones económicas a los testigos que brinden información para capturar pandilleros fue aprobada con 66 votos a favor. El Ministerio de Justicia y Seguridad será la entidad encargada de definir los montos a otorgar.
Finalmente, la sesión plenaria extraordinaria para evaluar las iniciativas para combatir a las pandillas en El Salvador culminó a las 9:49 de la noche de este 30 de marzo.
En la tarde de este 30 de marzo, la Asamblea Legislativa recibió nueve iniciativas para combatir a la delincuencia de manera frontal. Según el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, las piezas de correspondencia tienen el objetivo de destinar los recursos económicos y legales para continuar desarticulando a las pandillas en todo el territorio salvadoreño.
Una de las piezas de correspondencia de ley tiene el objetivo de otorgar $30 millones para la Policía Nacional Civil, con el cual la entidad será capaz de reforzar el armamento.
Por. DES.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
