Nacionales
Arquitecto Mauricio Arrieta solicita al fiscal general, que investigue a su fiscal auxiliar Giovvana Melina Jimenez y la notario Karla Escamilla por otorgar poder falso
El Arquitecto Mauricio Arrieta por medio de su apoderado legal amplió la denuncia interpuesta contra la Notario Karla Ivette Escamilla López, quien se encuentra procesada en el Caso Corruptela en el Juzgado 4o de Instrucción de San Salvador y que también fue denunciada anteriormente por delito de Falsedad Documental Agravada; y contra el abogado René Alberto Medrano, quien representa a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
La denuncia interpuesta en septiembre del año recién pasado contra la abogada Karla Escamilla por emitir un poder falso a favor del abogado Rene Medrano quien lo utilizó, para denunciar falsamente al reconocido Arquitecto Mauricio Arrieta; tiene a criterio del apoderado judicial de la víctima un interés principal, pues se vuelve un llamado a Fiscalía y a la Unidad de Auditoría Fiscal, para investigar la actuacion de estos profecionales del derecho y que deben tener la debida atención y diligencia, pues la fiscal Giovvana Melina Jimenez, también denunciada por actos arbitrarios, pues ni en lo más mínimo analizó ese falso poder.
El poder sobre el que recae la denuncia, según el apoderado del Arquitecto Arrieta, fue fabricado para presentarse, el abogado René Medrano como representante de la Sociedad Tradesal INC de nacionalidad de Barbados, ante los Tribunales, lo grave es que fiscalía sin mostrar poder alguno lo tienen por parte en calidad de víctima, y cuando se descubre la falsedad con la que actúa René Medrano, presenta un Poder otogado ante la notario Karla Escamilla, el cual es falso pues cita a unos directores de esa sociedad que son inexistentes . Se le hace ver esta situación al Juez y de nuevo los denunciados intentan cubrir la falsedad, diciendo que se trata de un mero error material, cuando en realidad lo que han cometido es una falsedad ratificó el Apoderado.
Veamos cómo otorga burdamente este falso poder, lo identificamos para que otras víctimas no sean sorpredidas con estos juegos de poderes extranjeros:
El abogado René Merdano fabrica un poder en El Salvador, utilizando a la notario Karla Escamilla, donde Medrano aparenta ser el representante de la empresa extranjera Tradesal, supuestamente con amplias facultades para querellar, con dicho poder inexistente, otorga poder especial a tres abogados quienes son: Edgardo Ventura, Lic. Carlos Daniel Ayala Turcios y Licenciado Jose Carlos Barrientos Diaz, curiosamente el abogado Edgardo Ventura le emite poder de regreso a Rene Medrano, quien no tenia necesidad pues en el poder original supuestamente tenía amplio poder para representar a la compañía, (Ven cómo es el juego de malabares para intentar engañar a las autoridades.)
¿Si ya tenía facultades para actuar por qué otoga un poder para que luego se lo deleguen? Esto más suena a fraude acotó el apoderado, quien no descartó que también se investigue al abogado Edgardo Ventura que se prestó para hacer la delegación fraudulenta.
Al abogado que usó los poderes y a quienes colaboraron en su elaboración se les está denunciando por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA y FRAUDE PROCESAL y la Notario Karla Iveth Escamilla por el delito de FALSEDAD DOCUMENTAL AGRAVADA vía el cometimiento del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA.
El apoderado solicitó a Fiscalía que sean citados los abogados Ayala Turcios y Barrientos Diaz para explicar su participación en ese falso poder y si estaban enterados de como sucedió la de la Falsedad Documental.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
