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Nacionales

Al menos diez personas desaparecen a diario en el país, según estadísticas de la FGR que ya suman 3,221 en lo que va de 2018

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Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer un informe en el que se afirma que al menos 10 personas desaparecen a diario en el país.

En el presente año, según las estadísticas de la Ministerio Público, desde el 1 de enero hasta el 24 de noviembre se han reportado 3,221 casos de personas extraviadas.

En comparación con la cifra de homicidios en el presente año, los desaparecidos han superado en 201 víctimas a los homicidios, ya que hasta el 24 del presente mes la Policía Nacional Civil (PNC), registraba 3,020 muertes violentas.

Las familias que sufren por el extravió de sus familiares incrementan día a día en cualquier parte del país, pero sobretodo aún más en zonas que son dominadas totalmente por las pandillas.

La cifra de desaparecidos ha aumentado 215 casos, en comparación a la misma fecha del año anterior, ya que se habían reportado 3,006 casos de personas extraviadas en 2017.

De cada diez desaparecidos, siete son del sexo masculino y tres son del sexo femenino, mientras que el rango de edades se encuentran entre 13 a 30 años de edad, siendo los más afectados los jóvenes.

En este mes, solo los primeros 20 días de noviembre, la Fiscalía ha registrado un total de 196 personas desaparecidas a nivel nacional.

Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, ha sido tajante en afirmar que las desapariciones este año se han reducido según registros oficiales de la PNC.

Este año, Marzo y octubre figuran como los meses con mayor incidencia de desapariciones, en estos meses se denunciaron 342 y 339 casos respectivamente; seguido de julio y agosto en que hubo 322 y 332 casos.

Por lo general, las desapariciones están asociadas a grupos de pandillas que operan en el país, y donde sus modos de operar están orientados en un primer momento al rapto, cuando la víctima va al centro de estudio, al trabajo o con engaños es llevado a sitios solitarios.

Foto Referencia.

 

Economia

Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre

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La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.

La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.

Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.

Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.

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Judicial

Prisión provisional para empleado de farmacia acusado de desviar más de $49,000

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El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.

El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.

La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.

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Judicial

Padre acuerda pagar $1,840 de deuda alimenticia tras proceso judicial en Santa Ana

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El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.

Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.

La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.

El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.

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