Enrique Rais, a vuestra notable y encomiable autoridad que representa los más altos principios e intereses consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la cual ha derivado la Convención Americana sobre Derechos Humanos -La Convención-, instrumento que ha reafirmado la necesidad de consolidar en sus Estados Partes la vocación de la institucionalidad democrática, en régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; razones por las que expongo:

                    I Precedente

Que desde el año 2016 a la fecha, me encuentro procesado penalmente, sobre hechos fundamentados en pruebas ilícitas y pruebas prohibidas; así como en procedimientos cuestionablemente desarrollados por la (Fiscalía General de la República), que incluyen alteración de pruebas, ruptura de cadena de custodia de la prueba, uso de testigos criteriados coaccionados a adoptar esa calidad y realizar afirmaciones falsas para inculparme. Además de proseguir en mi contra, de mi grupo familiar y mi patrimonio,  una persecución arbitraria del Estado, que continúa “fabricando” causas penales, sin permitirme ni siquiera el derecho a conocer de tales imputaciones y participar confrontando la prueba y aportando pruebas de descargo en las supuestas investigaciones.

                   II La actualidad de un Sistema Penal que no responde al Estado de Derecho

Durante el tiempo en el que se han tramitado los procesos penales en mi contra y se me han decretado de forma arbitraria órdenes de detención provisional, he presentado múltiples peticiones, denuncias, solicitudes y recursos ante las autoridades administrativas y judiciales con la finalidad de procurar amparo contra los actos violatorios cometidos por tales autoridades, en afectación de mis derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República de El Salvador, la presente Convención y demás leyes de la República, sin que haya obtenido en un plazo razonable, una tutela judicial efectiva sobre mis derechos y garantías fundamentales.

Por tal motivo, ante un Ministerio Público Fiscal, que no ha cumplido con los deberes  de imparcialidad, evitar todo tipo de discriminación, actuar con objetividad y  no iniciar, ni continuar investigaciones que seguidas imparcialmente demuestren que son infundadas o reflejan una doble o triple persecución penal. Principios contemplados en las Directrices sobre la función de los fiscales (ONU, septiembre de 1990, Números 13, 14 y 16) y un Sistema Judicial que no ha sido capaz de brindarme pronta y cumplida justicia, ante las evidentes y comprobadas vulneraciones a mis derechos  y garantías fundamentales, mis abogados presentaron el día 05 de septiembre del presente año, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., una petición para que en atención a sus funciones y competencias, conozcan y emitan las recomendaciones pertinentes al Estado Salvadoreño, respecto a las graves violaciones de derechos consagrados en la Convención, contra mi persona, al no concederme reales y efectivas oportunidades de protección judicial. (Art. 25 de la Convención)                

III. Víctima de triple persecución penal y un sistema judicial antidemocrático.

El Art. 8.4 de la Convención América y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, reconocen a todo ciudadano, la garantía a no ser sometido a un doble enjuiciamiento por los mismos hechos, independientemente de la calificación de la figura abstracta que defina la ley. (Caso Corte IDH: “Cantoral Benavides Vrs. Perú. 18 de agosto de 2000) Sin embargo, mi persona, es víctima de una triple persecución, ya que al menos tres de los procesos penales seguidos en mi contra, surgen de los mismos hechos, que tienen de trasfondo una exigencia dineraria ilegal -producto de actos extorsivos denunciados y llevados ante la justicia, cumpliendo todos los filtros institucionales y judiciales- por una suma millonaria de $25 millones de dólares, efectuada por dos ciudadanos canadienses, coadyuvados por abogados desleales y un sistema que ha permitido y tolerado tal atropello a mis derechos. Es tal el descaro, que estas personas han enviado emisarios expresando que todos estos procesos penales se desbaratan si me siento y negocio con ellos un arreglo “de pago”, por lo que no me rendiré hasta lograr que salga a la luz la verdad de esta persecución y se haga justicia.

La situación judicial de nuestro país se advierte más crítica cuando una Organización Judicial -que no representa la institucionalidad del Órgano Judicial, sino un sector de Jueces y Magistrados que ya han actuado en mis casos de forma contraria a la legalidad- por medio de un comunicado, pretende limitar la divulgación informativa de distintos procesos penales, entre los que se encuentran los relacionados a mi persona. Me pregunto yo, por qué, estos mismos jueces, no han censurado medios periodísticos tradicionales que han utilizado sus plataformas para producir noticias tendenciosas contra mi persona o contra mis empresas; como tampoco a medios digitales cuyo único fin, ha sido la afectación de mi honor  dignidad, de mi grupo familiar y empresarial, con la intención de generarme una condena mediática. Esto no ha ocurrido solo en mis casos, traigo a la memoria un reciente caso de un privado de libertad, que sería sometido a una diligencia judicial y un histórico rotativo de circulación nacional, se ocupó, no de presentar la noticia, si no de atacar el perfil del juez que conocería la causa. No vi ningún Foro de Jueces, advirtiendo allí una práctica cercana a la doctrina de la “Real Malicia”. De manera, que dejo aquí también en evidencia, que todo intento de acallar la crítica judicial censurando medios digitales o advirtiendo a litigantes por el uso de recursos judiciales y la manifestación pública de sus defensas, es anti-democrática si no se mide con la misma vara, a toda la prensa.              

IV. Petición

Excelentísimo señor Secretario de la OEA, expuesto lo anterior, a vuestra notable autoridad respetuosamente pido: 1. Interponga vuestros Buenos Oficios, para con el Estado de El Salvador, a fin que se me brinden reales y efectivas oportunidades de una protección judicial, dentro de un plazo razonable y con estricto apegado a los derechos y garantías que me concede la Constitución de la República de El Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Realice el seguimiento, que conforme a su autoridad y cargo correspondan, de la Petición interpuesta este día ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones a derechos humanos consagrados en la Convención que me han sido vulnerados por el Estado de El Salvador; 3. Se mantenga observante de las acciones que realizan las autoridades públicas que representan al Estado de El Salvador, con relación a la ejecución y resolución de los procesos penales e investigaciones seguidos en mi contra; y 4. Realice las recomendaciones pertinentes para que haya un equilibrio propio de un Sistema Democrático, sobre la información que la prensa divulga sobre los procesos judiciales, a fin que no se limiten por parte del Sistema Judicial o un grupo o segmento de Jueces y Tribunales solamente aquellas notas que tienen por finalidad la exposición de las pretensiones o tesis de las defensas materiales y técnicas ejercidos en los mismos, ni se vayan a intentar formular sanciones “ejemplarizantes” contra ciertos litigantes por encontrarse realizando la materialización pública y judicial de sus defendidos.

06 de septiembre de 2019.

Enrique Rais.