Judicial
Abogado defensor decepcionado con actuación de la Cámara Primero de lo Penal – Magistrados Arévalo Domínguez y Martín Rogel hacen oídos sordos a las graves denuncias de fiscales que confesaron que “fueron obligados a ser testigos criteriados y a mentir” para fabricar caso “Corruptela”
El mundo jurídico salvadoreño no encuentra explicación a las últimas actuaciones de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes decidieron revocar las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Para el abogado Hernán Cortez Saravia, abogado defensor en el “Caso Corruptela”, Arévalo Domínguez y Rogel han desestimado totalmente que los “testigos criteriados” que el exfiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos y han declarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieran para “fabricar el caso Corruptela” bajo amenazas y exposiciones mediáticas.
No solo fueron amedrentados, según confesiones escritas de los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, sino que sufrieron vejación por parte del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“¿Cómo se explican los magistrados de la Cámara de lo Penal que habiéndose hecho públicas las declaraciones de los fiscales de que fueron obligados a mentir y fabricar denuncias solo para que el exfiscal Douglas Meléndez lograra su reelección, ahora ellos decidan no hacer caso y mucho menos investigar tal atrocidad a la que sometieron a fiscales?”, se cuestiona el licenciado Cortez.
“En lugar de investigar lo sucedido a los fiscales y empleados sometidos por el exfiscal Meléndez que sin duda son graves delitos, lejos de eso los magistrados deciden continuar con un proceso fraudulento con declaraciones fabricadas con las que se castiga inocentes”, recalcaron otros juristas salvadoreños.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra. No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
