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A casi dos meses de vigencia del decreto legislativo 90, los casos de COVID-19 se mantiene bajo control
El próximo lunes se cumplen dos meses de la entrada en vigencia del decreto legislativo 90, que forma parte de la estrategia sanitaria del Gobierno del Presidente Nayib Bukele contra el COVID-19.
Con la referida ley transitoria, la cual caduca el próximo 13 de octubre, se prohíbe la organización de fiestas patronales, conciertos, mítines y están restringidos los eventos deportivos a consideración y extensión de un permiso del Ministerio de Salud.
Los organizadores deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos que los aficionados puedan ingresar a los escenarios al presentar la cartilla de vacunación con la doble dosis del fármaco.
Este recurso legal ha dado los resultados esperados porque ha contribuido a evitar los contagios masivos del virus.
El uso de la mascarilla se vuelve obligatorio para todos los salvadoreños y extranjeros dentro del territorio y la vacunación anti COVID-19 se eleva a la categoría de interés nacional.
El decreto ha sido una de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno en la lucha antipandémica, ya que no ha habido necesidad de implementar otras medidas con mayor drasticidad como las declaratorias de calamidad o regresar a las cuarentenas domiciliares nacionales, como ocurre en otros países donde el virus ha causado el desbordamiento de contagios y el colapso de los sistemas hospitalarios.
El Salvador cuenta con un fortalecido sistema hospitalario público en el que se incorpora el nuevo Hospital El Salvador, el centro especializado para pacientes COVID-19 más moderno de Latinoamérica.
El sistema tiene capacidad instalada para la atención de pacientes delicados, para lo que se cuenta con más de 2,000 camas entre cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos.
Todo esto confirma las decisiones acertadas del Gobierno del Presidente Bukele a favor de la salud de los salvadoreños y su desarrollo económico y social.
Un video que circula en redes sociales muestra a dos cocodrilos desplazándose sobre las aguas del río El Zanjón, en el distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Las imágenes han generado alarma entre los habitantes de la zona, quienes temen por su seguridad y la de sus mascotas.
Según testimonios de residentes, en este cuerpo de agua habitan varios cocodrilos, incluso de diferentes especies, lo que ha incrementado la preocupación entre quienes viven cerca del río o lo frecuentan.
Ante la situación, las autoridades locales han hecho un llamado a la población a no acercarse a esta zona y a mantenerse vigilantes para evitar posibles ataques de estos reptiles.
Hasta el momento no se reportan incidentes, pero se espera que las instituciones correspondientes evalúen las condiciones del área y tomen medidas de prevención.
#CRONIO Alarma en Ahuachapán por presencia de cocodrilos en río El Zanjón pic.twitter.com/Fsb95kE9yb
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 2, 2025
Azucena Noemy Cruz Rivas, una adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes, fue localizada con vida, según confirmaron sus familiares a través de redes sociales.
La joven fue encontrada durante las últimas horas del miércoles, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre el lugar donde permaneció durante el tiempo en que se desconocía su paradero.
Sus familiares agradecieron públicamente a todas las personas que compartieron la alerta y se sumaron a la campaña de búsqueda.
El caso había generado preocupación en redes sociales, donde se difundió ampliamente la fotografía de la menor con el objetivo de lograr su pronta localización.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
