Internacionales
VIDEO | “Déjame parar”: otro caso de abuso policial al someter a un adulto mayor
Los casos de abuso de autoridad en México continúan sucediendo. En redes sociales se difundió un video en donde se observa a policías municipales sometiendo a un adulto mayor, porque protestó al ser detenido sin motivo alguno, en un retén vehicular.
El hecho se registró el sábado 3 de abril en la comunidad de Venta Chica, del municipio de Huauchinango, Puebla. Uno de los cinco policías mantuvo su rodilla sobre la espalda de la persona de la tercera edad y también se observa a otra persona tirada en el suelo.
De acuerdo con información de medios locales, los policías se encontraban en estado de ebriedad, y les solicitaron a la familia que bajaran del auto como parte de una inspección, pero hicieron uso de la violencia y fue lo que causó el enojo de las personas que iban en el vehículo.
El adulto mayor les reclamó que la policía estaba para resguardar la integridad de la ciudadanía y no para agredirlos, y su respuesta fue agredir a las personas.
Además, se indica que al lugar llegaron más patrullas y llegaron a la conclusión de que no existía delito alguno, por lo que los uniformados pidieron disculpas y dejaron que continuaran su camino.
Otros casos de abuso policial
En México existen casos como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre del 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo del 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes está la muerte de Giovanni López en Jalisco y de Victoria Salazar, en Quintana Roo.
Los antes mencionados son algunos de los casos que se han documentado en el país y que se ha indicado son consecuencia de que no se siguen los más altos estándares en materia de derechos humanos, lo cual es indispensable para evitar los abusos policiales.
Giovanni López murió en mayo del 2020 tras ser detenido y golpeado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. El motivo de la detención fue por no portar cubrebocas.
Presuntos implicados en el asesinato de Giovanni López (Foto: Facebook Enrique Alfaro)
Juan Salgado, investigador del World Justice Project, indicó durante su participación en el seminario web “Abuso policial y derechos humanos” en junio del 2020 que en Ixtlahuacán de los Membrillos el 54% de sus agentes no acreditó las pruebas de control de confianza y aun así continúan laborando.
Otro de los factores que mencionó en relación con los abusos policiales está en que el gobierno destina más recursos a las corporaciones federales, cuando son las locales las que tiene más contacto con los ciudadanos, por lo que el 72% de los casos de tortura o maltrato hay sido cometido durante una detención de policías municipales.
El más reciente caso registrado en el país fue el 27 de marzo, cuando cuatro policías municipales de Tulum, Quintana Roo, detuvieron a Victoria Esperanza Salazar, quien vivía en México como refugiada desde el 2018.
(Foto: Reuters/Jose Cabezas/File Photo)
Pero el uso de la fuerza provocó la muerte de la mujer salvadoreña y, en consecuencia, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que fueron vinculados a proceso los policías municipales Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y Verónica “V” por el delito de feminicidio.
Y se fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa “por el término de que dure el proceso y otorgó 4 meses de investigación complementaria a los fiscales de esta representación social”.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
