Internacionales
Texas podrá detener a migrantes en situación irregular
Una severa ley de Texas que permite detener en su territorio a migrantes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos quedó habilitada para entrar en vigencia este martes, tras una sorpresiva decisión del plenario de la Corte Suprema.
Un día después de haber sido bloqueada por tiempo indefinido por uno de sus magistrados, el máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, dejó sin efecto esa decisión.
La ley conocida como SB4 empieza a regir mientras continúa desarrollándose una batalla legal en los tribunales inferiores.
La norma permite a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
Estos pueden ser llevados a la justicia estatal, donde podrían aplicarles penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México, sin considerar si este país puede aceptarlos.
La administración del presidente demócrata Joe Biden se ha opuesto firmemente a esta norma, argumentando que es el gobierno federal el que tiene autoridad sobre asuntos de inmigración, y no los estados de forma individual.
La ley, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigencia a inicios de marzo, pero fue bloqueada inicialmente por un juez federal de distrito, quien aseguraba que esta norma «entra en conflicto con disposiciones clave de la ley federal de inmigración».
Un tribunal de apelaciones dijo luego que la SB4 podría entrar en vigor a menos que la Corte Suprema dictamine lo contrario. Fue entonces que el juez supremo Samuel Alito bloqueó su entrada en vigencia. Sin embargo, el tribunal en pleno, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, levantó esa orden hoy, mientras se escuchan más argumentos sobre esta norma en la corte de apelaciones.
Los tres jueces liberales del tribunal discreparon.
«Texas aprobó una ley que regula directamente la entrada y expulsión de no ciudadanos e instruye explícitamente a sus tribunales estatales a ignorar cualquier procedimiento federal de inmigración en curso», dijo la jueza Sonia Sotomayor.
Internacionales
Localizan cinco cuerpos que podrían corresponder a los músicos desaparecidos del grupo Fugitivo en Tamaulipas
Las autoridades de Tamaulipas informaron este jueves que fueron hallados cinco cuerpos sin vida en una zona aún no especificada del estado, los cuales, por sus características preliminares, podrían corresponder a los integrantes del grupo musical Fugitivo, desaparecidos desde el pasado domingo. Así lo indicó la Vocería de Seguridad estatal a través de sus redes sociales.
Los músicos, hombres de entre 20 y 40 años, fueron vistos por última vez cuando se dirigían a un supuesto bar en la ciudad de Reynosa, donde habían sido contratados para una presentación. Sin embargo, al llegar al lugar —que resultó ser un solar baldío—, desaparecieron sin dejar rastro. Sus familiares reportaron el hecho a las autoridades y denunciaron que también fueron robados dos vehículos pertenecientes a la agrupación.
La hermana de uno de los desaparecidos reveló que, tras la desaparición, comenzó a recibir llamadas de extorsión, lo que agravó la angustia de los familiares. Como medida de presión, músicos y allegados protestaron el miércoles frente a la alcaldía de Reynosa y bloquearon por un tiempo el puente internacional que conecta con Pharr, Texas.
La Fiscalía del estado de Tamaulipas, una de las regiones más golpeadas por la violencia del crimen organizado en México, anunció que ofrecerá más detalles sobre el caso en las próximas horas.
El trágico caso revive el temor entre artistas locales, quienes desde hace años se enfrentan a amenazas de grupos criminales que les exigen interpretar “narcocorridos”, canciones que exaltan a líderes del narcotráfico. Bandas reconocidas como Los Ángeles Azules, Molotov y Café Tacvba también han sido víctimas de la delincuencia, sufriendo robos de equipo e instrumentos durante sus giras.
Internacionales
Anulan juicio por la muerte de Diego Maradona tras participación de jueza en documental no autorizado
Buenos Aires, Argentina — El juicio que buscaba determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona fue declarado nulo luego de que se comprobara la participación de una de las juezas del proceso, Julieta Makintach, en una serie documental no autorizada sobre el caso.
La decisión fue comunicada este martes por el magistrado Maximiliano Savarino desde el tribunal de San Isidro, al norte de la capital argentina. “Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio”, expresó el juez.
Como consecuencia de esta resolución, quedan sin efecto las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo, durante las cuales testificaron más de 40 personas, incluidas tres hijas del exfutbolista, y se presentaron diversas pruebas claves para la investigación.
Makintach fue suspendida por 90 días y recusada oficialmente el martes, luego de que se revelara su participación en la grabación de una serie documental realizada dentro del mismo tribunal y sin autorización de las partes involucradas. La jueza presentó su renuncia de inmediato tras la difusión de imágenes y guiones del proyecto durante una audiencia.
El tribunal acogió el pedido de la fiscalía, los querellantes y la mayoría de las defensas para designar un nuevo cuerpo judicial y reiniciar el proceso desde cero. Por ahora, no hay fecha definida para el reinicio del juicio, ya que está pendiente el sorteo que determinará la nueva conformación del tribunal.
El proceso busca esclarecer si la muerte del ídolo del fútbol, ocurrida en noviembre de 2020, fue producto de negligencia médica o si se trató de un homicidio culposo.
La Policía Federal de Brasil detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal integrada por civiles y militares, acusada de espiar y planear asesinatos por encargo contra jueces de la Corte Suprema y otras figuras públicas.
La acción está relacionada con el asesinato del abogado Roberto Zampieri, ocurrido en diciembre de 2023 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, y reveló la existencia de un grupo que ofrecía servicios de vigilancia y homicidios por hasta 250.000 reales (aproximadamente 44.000 dólares).
Durante el operativo, que incluyó allanamientos en Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, se desmantelaron acciones atribuidas al llamado “Comando C4”, siglas de «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», que incluso habría considerado el uso de disfraces y señuelos sexuales para ejecutar sus planes.
El jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, calificó la conspiración como un “absurdo sin precedentes”, alimentado por discursos de odio. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, señaló que la investigación se mantiene bajo confidencialidad y aún está en una fase preliminar.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Brasil, donde jueces del Supremo han sido objeto de amenazas, y se investiga un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo proceso judicial.
