Internacionales
Texas podrá detener a migrantes en situación irregular
Una severa ley de Texas que permite detener en su territorio a migrantes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos quedó habilitada para entrar en vigencia este martes, tras una sorpresiva decisión del plenario de la Corte Suprema.
Un día después de haber sido bloqueada por tiempo indefinido por uno de sus magistrados, el máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, dejó sin efecto esa decisión.
La ley conocida como SB4 empieza a regir mientras continúa desarrollándose una batalla legal en los tribunales inferiores.
La norma permite a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
Estos pueden ser llevados a la justicia estatal, donde podrían aplicarles penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México, sin considerar si este país puede aceptarlos.
La administración del presidente demócrata Joe Biden se ha opuesto firmemente a esta norma, argumentando que es el gobierno federal el que tiene autoridad sobre asuntos de inmigración, y no los estados de forma individual.
La ley, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigencia a inicios de marzo, pero fue bloqueada inicialmente por un juez federal de distrito, quien aseguraba que esta norma «entra en conflicto con disposiciones clave de la ley federal de inmigración».
Un tribunal de apelaciones dijo luego que la SB4 podría entrar en vigor a menos que la Corte Suprema dictamine lo contrario. Fue entonces que el juez supremo Samuel Alito bloqueó su entrada en vigencia. Sin embargo, el tribunal en pleno, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, levantó esa orden hoy, mientras se escuchan más argumentos sobre esta norma en la corte de apelaciones.
Los tres jueces liberales del tribunal discreparon.
«Texas aprobó una ley que regula directamente la entrada y expulsión de no ciudadanos e instruye explícitamente a sus tribunales estatales a ignorar cualquier procedimiento federal de inmigración en curso», dijo la jueza Sonia Sotomayor.
Internacionales
Arrestan al exembajador británico en EE.UU. Peter Mandelson, en medio de una investigación relacionada con el caso de Jeffry Epstein
En el Reino Unido, las autoridades policiales han liberado al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, horas después de haberlo arrestado por acusaciones de que compartió información confidencial de su Gobierno con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein.
La Policía Metropolitana de Londres, que comenzó a investigar a Mandelson a principios de febrero, dijo que lo había arrestado “bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”. El arresto de Mandelson se produce pocos días después de que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fuera arrestado por el mismo delito.
Mandelson, quien se desempeñó como ministro del Gobierno del Reino Unido entre 1997 y 2001, y entre 2008 y 2010, fue destituido de su cargo como embajador en Estados Unidos en septiembre de 2025, luego a que se divulgara nueva información sobre su relación con Epstein.
En la actualidad, cada vez más personas están pidiendo que el primer ministro británico, Keir Starmer, renuncie a su cargo, ya que este fue quien nombró a Mandelson como el principal enviado del Reino Unido a Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch.
Kemi Badenoch: “Este es un momento decisivo para el mandato de Keir Starmer. Ver al hombre que Starmer nombró para el puesto más importante de nuestro servicio diplomático ser arrestado por la policía, creo que es una imagen que permanecerá con todos nosotros durante muchos muchos años. Y cuando la gente piense en Keir Starmer y su mandato como primer ministro, recordarán el arresto de Peter Mandelson como un momento decisivo”.
El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.
Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar «calma» y un nuevo impulso fuerte a la pinacoteca, indicó su oficina.
El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.
Tendrá la misión de «dar seguridad» y «modernizar» el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.
El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que «ya no se daban las condiciones para avanzar».
El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.
Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como «La Gioconda» o la «Venus de Milo», el ‘modus operandi’ del robo aumentó la presión sobre ella.
Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.
El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.
Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.
La corte suprema de Brasil decide este miércoles la condena o absolución de dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y las milicias de Río.
Ícono de la causa negra y LGBT, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusó el martes al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Río, de haber ideado el asesinato.
La defensa clamó su inocencia, pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
«Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra», dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.
Cuatro jueces de la corte votarán sobre esa acusación, en una sesión que inició a las 9H00 locales (12H00 GMT) en Brasilia.
La fiscalía afirma que los hermanos Brazao ordenaron el crimen por la oposición de Franco en el concejo municipal a propuestas que facilitarían la apropiación de tierras por milicias.
Estos grupos criminales controlan zonas enteras de barrios populares de Río.
Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
La acusación pidió que los Brazao sean condenados por doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
De ser hallados culpables, se exponen a penas que podrían superar 90 años de prisión.
Los hermanos niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración entre la justicia y el pistolero condenado a 78 años de cárcel por haber cometido el crimen, el expolicía Ronnie Lessa.
«Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao», apuntó el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand en la sesión del martes.
Procedente de una favela y referente izquierdista, Franco defendía además los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGBT.
Mientras la corte decide sobre el caso Franco, el Congreso brasileño aprobó en la noche del lunes una ley que endurece la lucha contra organizaciones criminales.
