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López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando fue detenido en octubre por el Ejército en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, al oeste de México.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador estaba hablando de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga cuando se refirió al desastroso operativo que terminó con 14 fallecidos y reconoció que fue suya la orden de soltar al hijo del capo.
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el presidente mexicano. “Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.
Según López Obrador, el frustrado operativo de Sinaloa fue un ejemplo de la relación de “respeto” que sostiene con Donald Trump a quien se refirió como un “ejemplo”. “[Trump] habló al día siguiente para ofrecer apoyo y (…) de manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre. No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas”, insistió.
Las palabras del mandatario suponen una importante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frustrantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes violentas cada día.
La tarde del 17 de octubre de 2019, el Ejército mexicano desplegó a más de 200 efectivos en la ciudad de Culiacán e intentó capturar a los hijos de El Chapo Guzmán en su tierra, en su casa y entre su gente. Sin embargo, la respuesta del narco fue brutal y los soldados tuvieron que replegarse para evitar una sangría entre militares y población civil, a pesar de que Ovidio Guzmán ya estaba en sus manos. Los sicarios habían rodeado varias viviendas militares y amenazaban con hacerlas saltar por los aires si no liberaban a su jefe.
De esta forma, López Obrador admitió su responsabilidad en una decisión que generó polémica tanto por la orden de liberar al capo, reclamado en Estados Unidos por tráfico de drogas al frente del cartel de Sinaloa, como por la forma en que se airearon al día siguiente los nombres de los oficiales que estuvieron al mando del fallido operativo y que los colocó en el punto de mira del cartel.
Hasta ahora, López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido tomada por su Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, había dicho al día siguiente.
La relación de López Obrador con la familia Guzmán Loera ha estado siempre rodeada de polémica. A la liberación de Ovidio se suma la controvertida foto del presidente con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Hace tres meses, durante una visita a Sinaloa, López Obrador saludó afectuosamente a Consuelo Loera y el apretón de manos se convirtió en una tormenta viral que monopolizó las redes sociales.
El propio Gobierno reveló que la madre de El Chapo le había enviado una carta al mandatario pidiendo su mediación. “Me pide que ayude en gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite… Yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir… Lo haría por cualquier ser humano”, dijo López Obrador sobre el conocido capo condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
