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Lo que se sabe sobre la polémica desaparición de un estudiante mexicano que fue sacado de su casa por hombres armados
Foto: Cortesía
El lento avance de las investigaciones por la desaparición de un estudiante mexicano, sacado de su casa por hombres armados semanas atrás, ha generado indignación y manifestaciones en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde miles de personas han sido reportadas como desaparecidas en las últimas seis décadas.
El pasado 15 de septiembre, Miguel Alejandro Soto, estudiante de Ingeniería de Negocios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, fue raptado por desconocidos que ingresaron a su residencia, en la colonia Los Olivos, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, recoge El Occidental.
Su casa de estudios organizó el jueves una marcha en la que participaron 15.000 personas, desde el Edificio de la Rectoría General hasta la Plaza de Armas, situada frente al Palacio de Gobierno de esa ciudad.
Los manifestantes exigieron la aparición con vida de Soto, la comparecencia pública de las autoridades responsables y la implementación de medidas extraordinarias para atender a la brevedad la búsqueda inmediata de las miles de víctimas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
De acuerdo a la información publicada por la mencionada institución universitaria, Jalisco es el estado mexicano con mayor número de desaparecidos del país. Según el Registro Federal en esta entidad, hay 14.951 personas reportadas como desaparecidas desde 1964 hasta mediados de 2022, informa Expansión.
¿Cómo desapareció?
Soto estaba descalzo y tenía un pantalón corto negro cuando se lo llevaron. Los hombres armados lo montaron en el auto de su padre y desde ese momento no se tienen noticias sobre su paradero.
Según Informador, la vivienda del estudiante, de 22 años, está ubicada a 200 metros de un cuartel militar y a 15 minutos de la residencia de Eduardo Salomón, un adolescente de 16 años que también fue sacado de su casa y que posteriormente apareció muerto, en febrero de este año.
La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ha difundido en las redes la imagen de Soto junto a una descripción de sus características físicas.
Revictimización
La prensa ha recogido varias declaraciones del fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, sobre el caso. Algunas afirmaciones que se han filtrado del órgano de Justicia han generado malestar entre los familiares y las autoridades universitarias debido a que consideran que el joven ha sido revictimizado.
Méndez Ruiz aseveró que el contexto «que rodea al propio desaparecido» debe ser analizado «no con la intención de criminalizar», sino como «parte de las investigaciones» para ir «marcando una ruta», divulgó El Diario NTR.
Estas aseveraciones las hace luego de que varios medios, entre ellos Excelsior, publicaran que el estudiante supuestamente pertenecía a una organización de venta ilegal de cigarrillos y que habría tenido en su posesión mercancía por el valor de 300.000 pesos (casi 15.000 dólares).
El señalamiento ha sido rechazado tanto por su madre, Magda Martín, que ha pedido que no se criminalice a su hijo, como por los rectores de la Universidad de Guadalajara, recoge El Heraldo.|
Las líneas de investigación
El fiscal de Jalisco también adelantó que hay varias líneas de investigación en este caso.
«Sería aventurado decir que tengo dos o tres; que el Ministerio Público tiene una, dos o tres líneas. Todo se analiza en manera contextual y se van descartando o confirmando algunas de las líneas», explicó.
Méndez Ruiz descartó que una de las líneas de investigación sea el secuestro, puesto que no se ha pedido un rescate por él. Sin embargo, no se desecha la hipótesis de que la desaparición esté relacionada con un robo, debido a que se llevaron el vehículo de su propiedad.
Por último, dijo que existe «constante comunicación» con los familiares y que el organismo les ha dado «los avances que van surgiendo de la propia carpeta, todos los actos que se recaban, la evidencia fotográfica o de videos».
¿Qué dice la universidad?
En un comunicado que difundió Tribuna de la Bahía, los rectores de la institución universitaria denuncian que nuevamente un miembro de esa comunidad «sufre la violencia que se vive en Jalisco» y que sus llamados a las autoridades para que atiendan este tema han sido inútiles.
En el texto, expresan que «Soto es una de las 17 víctimas diarias de desaparición en Jalisco» y uno de los 12 integrantes de esa comunidad universitaria que han desaparecido desde 2014.
Del mismo modo, rechazaron la «revictimización que llevan a cabo las autoridades», tanto de Soto como de su familia, «no solo debido a la ineficacia con la que han abordado el asunto, sino también por las filtraciones a los medios de versiones sobre su participación en supuestos ilícitos».
«Repudiamos la criminalización de las víctimas y que sean denigradas por las autoridades, pues además es parte de un esfuerzo sistemático para rehuir sus responsabilidades institucionales», dice el texto.
En el escrito también se tilda a las instituciones estatales de «extremadamente deficientes» debido a que «persisten las fallas en la integración de carpetas, la investigación de casos, el rastreo de fosas clandestinas y el registro de personas fallecidas no identificadas».
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
