Internacionales
«La desnudé y traté de violarla, pero no lo conseguí», confiesa el asesino de la profesora Laura Luelmo
Bernardo Montoya, con antecedentes de homicidio y robo, relató que la engañó y la envió a una dirección equivocada, para luego buscarla y abusar de ella. La golpeó en la cabeza y abandonó el cuerpo.
El autor del asesinato de la joven Laura Luelmo, el femicidio que conmocionó a toda España, confesó su crimen en un extenso relato conocido este miércoles, en el que detalló cómo engañó a la joven, la forma en la que la dejó inconsciente y su supuesta defensa, alegando que la abandonó cuando todavía estaba viva.
El cadáver de la mujer de 26 años fue hallado por un vecino de El Campillo a unos cuatro kilómetros del centro de la ciudad, en Huelva. Rápidamente, las sospechas se centraron en Montoya, quien tiene antecedentes de asesinato e intento de violación.
A sus 50 años, el homicida ha cumplido dos condenas. En 1995, asesinó a una anciana de 82 años y pasó 17 años en prisión (cinco años antes de cumplirse la totalidad de la condena). Además, pasó otros dos años por un robo con violencia, pero quedó en libertad hace pocos meses.
El periódico ABC y varios programas policiales reportaron el testimonio que ofreció a la Guardia Civil:
La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: «Hola, vecino, oye, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva.»
Yo le respondí: «Claro, mujer», y le di una dirección. La engañé, porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada.
En cuanto se alejó un poco, yo corrí a por mi coche. Me monté, y dando un rodeo llegué primero al callejón. Allí esperé a que llegara. Cuando la chica apareció en el callejón sin salida, se quedó como sorprendida y me preguntó: «¿Qué haces aquí?» Y mirando hacia los lados dijo: «¿Y dónde está el supermercado?»
Entonces, sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda.
La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. Conduje hasta el lugar donde la encontraron.
Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté, pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente.
Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de las jaras. Y me fui corriendo, pero juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba viva.
Me fui corriendo. Llevaba en el coche las zapatillas de la chica y el teléfono. De regreso a casa tiré el teléfono en un contenedor y unos minutos después las zapatillas en otro contenedor.
Llegué a casa e intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Así que decidí salir a andar. Salí de casa a dar un paseo.
Los días siguientes iba a ver a gente, a conocidos, a amigos y luego regresaba a casa, hasta que un día vi a la Guardia Civil. El sábado por la tarde traté de entrar en mi casa, pero estaba allí la pareja de la Guardia Civil. Al verles, salí corriendo para no volver.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
