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Internacionales

Juez bloquea ejecución de condenado con enfermedad mental en EE. UU.

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Un hombre con esquizofrenia aguda y condenado a muerte por el asesinato de sus exsuegros en Texas en 1992 no puede ser ejecutado a causa de su enfermedad, dictaminó un tribunal federal de este estado estadounidense, tras 20 años de debate.

Scott Panetti, de 65 años, fue condenado a muerte en 1995 por disparar contra los padres de su exesposa.

«Es indiscutible que Panetti padece una enfermedad mental grave y sufre esquizofrenia crónica desde hace más de cuarenta años», dijo el juez de Austin, capital de Texas, Robert Pitman, después de tres días de audiencia.

«La enfermedad mental de Panetti le impide comprender racionalmente las razones del Estado para ejecutarlo», explicó Pitman.

«Su ejecución violaría la prohibición de la Octava Enmienda (a la Constitución) de todo castigo cruel e inusual», añadió citando la jurisprudencia establecida en 1986 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Esta decisión «impide al estado de Texas vengarse de una persona que sufre una forma profunda y grave de esquizofrenia que le hace percibir el mundo que le rodea de forma distorsionada», afirmó su abogado, Gregory Wiercioch, en un comunicado.

En septiembre de 1992, vestido de camuflaje, Panetti irrumpió en la casa de los padres de su exesposa y los mató a tiros. Tomó como rehenes a su esposa y a su hija de tres años durante la noche antes de entregarse a la policía.

Panetti había sido hospitalizado más de una docena de veces antes de los asesinatos por alucinaciones y episodios psicóticos.

Su larga batalla para evitar la ejecución obtuvo el apoyo de personas como la organización de defensa Mental Health America, psiquiatras, exjueces, fiscales y grupos religiosos.

El caso también despertó el interés de la Unión Europea, que instó a las autoridades de Texas a conceder el indulto a Panetti.

En el juicio, Panetti vistió un traje de vaquero color bordó e intentó llamar como testigos al Papa Juan Pablo II, a John F. Kennedy y a Jesús.

Aunque los estados individuales de Estados Unidos deciden si implementan la pena de muerte, en 1986 la Corte Suprema prohibió la ejecución de enfermos mentales.

Este año ha habido 18 ejecuciones en Estados Unidos.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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