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IMPACTANTE: Conozca las 18 fotografías que que exhiben el terror de la violencia pandilleril que empuja a las caravanas de migrantes hacia EE.UU
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una condena de por vida
Iván, un ex policía hondureño, dice que se cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de compatriotas que huyen hacia Estados Unidos.
El hombre, de 45 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, está cruzando México en una caravana compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y de la pobreza en busca de una vida mejor en los Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a las caravanas como una «invasión», y envió unos 5.800 soldados para «endurecer» la frontera, incluso con alambre de púas.
Iván tiene miedo de contar su historia y está atento a los tatuajes pandilleros o a la jerga de su acompañantes, que podrían delatar que algunas de las personas que viajan con él están asociadas con sus perseguidores en casa.
El ex policía dijo que la gota que colmó el vaso en Honduras fue cuando los pandilleros apuntaron un arma contra la cabeza de su hijo de 15 años, Yostin.
Querían que Yostin y su hermano menor, Julio, de 13, se unieran a ellos, amenazándoles de muerte si se negaban, dijo Iván durante una pausa en el viaje hacia el norte de la caravana en un campamento temporal en un estadio de la Ciudad de México.
Por eso, cuando una caravana partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, una ciudad hondureña asolada por el crimen y en la que la familia se escondía con amigos, no tuvo dudas.
Sin embargo, sus motivos son similares a los de otros de los que viajan en la caravana y son un recordatorio de la influencia de las «maras» en El Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de los casi 20 años de esfuerzos por acabar con ellas.
La tasa de homicidios ha disminuido en Honduras desde 2016, como consecuencia de iniciativas que incluyen la reforma penitenciaria, la creación de una fuerza de seguridad especializada contra las pandillas y el aumento de recursos para la aplicación de la ley.
En 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Honduras, en comparación con los 57 por 100.000 del año anterior, según estadísticas del Gobierno y del Banco Mundial.
Aun así, la tasa de homicidios en Honduras sigue siendo una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones humanitarias internacionales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, operan en el país con las mismas precauciones que en zonas de guerra y dicen que los habitantes enfrentan los mismos peligros.
En la frontera de los Estados Unidos, los soldados desplegados por Trump colocaron alambre de púas para impedir que los migrantes que viajan en la caravana crucen de manera ilegal. Las nuevas reglas que restringen las solicitudes de asilo también aumentan la posibilidad de que sean deportados.
Un regreso a casa aterroriza a muchos, incluyendo a Iván. Apartado de su trabajo tras 27 años en una purga policial hace dos años, asegura que teme la muerte en Honduras.
La purga eliminó a más de 4.000 oficiales, o cerca de un tercio de lo que actualmente es una fuerza de 14.000, según el comisionado Jair Meza, portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras.
Iván dice que la purga eliminó tanto a policías buenos como malos, al tiempo que dejó a los ex oficiales expuestos a los ataques por venganza de las pandillas que una vez persiguieron. «Nos conocen y por eso nos cazan», dijo.
Violencia al azar
En Honduras, la violencia puede golpear en cualquier momento. Situado en el corredor de tránsito de la cocaína hacia el cercano puerto de Puerto Cortés, San Pedro Sula ha sido durante años una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su depósito de cadáveres estaba tan lleno de cuerpos que los lugareños dijeron que su olor impregnaba las calles.
En una noche de fines de julio, una familia se sentó a un lado de una carretera en San Pedro Sula, a pocos metros de la escena de un crimen.
Francisca Sislavas esperó seria entre su hijo, Rony, de 2 años, y su hija, Brittany, de 4. El tobillo de la niña estaba salpicado con la sangre de su padre.
Minutos antes, Sislavas estaba sentada junto con su pareja y sus hijos en un taxi. No fue fácil para ella explicar su muerte. «No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Simplemente no lo sé», dijo.
«Atrapado en los problemas»
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una entrada a la vida pandillera.
Henry Fernando, un miembro activo de la Mara Salvatrucha o MS-13, dijo que caminó unos 5.000 kilómetros y casi murió en el cruce del desierto desde México para encontrar a su madre, que se había ido a Virginia.
Rápidamente deportado, el MS-13 fue el único hogar que encontró, dijo, recordando a las novias o «jainas» que le ofrecían los líderes en concepto de pago por la marihuana y el crack que vendía.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos dijo que no pudo rastrear la deportación de Fernando basándose en la información que Reuters pudo proporcionar.
Nueve años después -tiene 28 ahora-, tiene un hijo pequeño y sueña con abandonar la pandilla. Su casa, visitada por Reuters, es una habitación alquilada apenas más ancha que su colchón, subiendo una escalera destartalada en medio de una pocilga. Ha ascendido en las filas del MS-13, pero sigue sumido en la pobreza.
Quince personas entrevistadas por Reuters, aún activas en las maras o en fase de reforma, describieron solo dos formas de salirse: unirse a una iglesia evangélica o morir.
Todos ellos afirmaron que se unieron a las pandillas como niños, procedentes de hogares rotos en barrios rotos.
Ramón Bladimir Funes, de 35 años y miembro de Barrio 18, ha pasado casi tres años en la cárcel de Puerto Cortés por robo. El abarrotado complejo se encuentra cerca del puerto, situado en el norte de Honduras.
Funes, que es uno de los reclusos mayores del penal, se unió a Barrio 18 con nueve años, luego de que su madre lo abandonó para irse a los Estados Unidos, dijo. Solo conoció a su padre a los 17 años.
Sus años de pandillero están reflejados en los tatuajes que adornan sus brazos y su pecho. Debajo del puente de su nariz hay tres lágrimas, el código usado por las bandas para los seres queridos perdidos. Tres de los hijos de Funes fueron asesinados por el archirrival de Barrio 18: el MS-13.
«Aspiras a ideas más elevadas y a una mentalidad superior, pero estás atrapado en los problemas de la calle», dijo Funes, quien lamentó haberse unido a Barrio 18. «Y las armas, de todos tipos, son muy fáciles de encontrar».
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
