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HISTORIA: El ranchero que despidió a sus empleados para defender hasta lo último su rancho de sicarios que lo mataron de un disparo en la cabeza

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Alejo Garza Tamez fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre de 2010 en la casona principal del San José, un rancho de tres mil hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca en una presa colindante con los municipios de Güémez y de Padilla, en Tamaulipas, el estado fronterizo de México con Texas que se volvió un agujero negro de la realidad a lo largo de este primer cuarto de siglo.

Como muchas otras noticias trágicas del momento, el suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas, debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, un periódico local de Monterrey dio a conocer los hechos.

En la nota se informaba que el ranchero, de 77 años, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella matando a cuatro de los invasores e hiriendo a otros dos, aunque al final recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Pero el comando invasor no pudo lograr su objetivo: quedarse con la propiedad que don Alejo había comprado y cuidado con devoción desde mayo de 1976. Una valentía que inspiró novelas La revelación de esta historia ocurrió en uno de los momentos de más inseguridad del noreste del país.

Por ello, la figura del propietario del San José adquirió una dimensión heroica, al defenderse en medio de una nebulosa de violencia donde ocurrían de manera cotidiana asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, que no lograban ser contenidos por ninguna autoridad.

Convertida en leyenda desde entonces a la fecha, la valentía de don Alejo ha inspirado fragmentos de novelas de Don Wislow, películas de Hugo Stiglitz y cientos de corridos, aunque poco se ha documentado la historia real de su vida.

Cuando se inició la investigación, el personaje más valiente de los últimos tiempos de la región donde resultó también ser un ejemplar hombre de familia que vivía entre semana en Monterrey y los fines de semana en el San José.

La gente que sabe de caballos los clasifica por su sangre fría o su sangre caliente. También por su sangre tibia. Con un amigo de la infancia en Monterrey clasificábamos así, obviamente, en secreto a las personas que conocíamos.

Ahí parecían existir demasiados caballos sin sangre: Las principales atrocidades conocidas durante lo que el ex presidente Felipe Calderón llamó guerra contra el narco sucedían en ese lugar donde don Alejo —aunque radicado en Monterrey— levantó el rancho San José.

Ahora, varios años después de la muerte de don Alejo,  la carretera que va de Monterrey a Ciudad Victoria. Son casi 300 kilómetros de distancia en los que la camioneta atraviesa primero las faldas de la sierra de Santiago, para luego dejar atrás Allende, Linares, Hualahuises y Montemorelos, pueblos productores de naranja y limón.

Al cruzar la línea divisoria de Nuevo León con Tamaulipas se enciende de forma inevitable una alerta: este lugar es lo más cercano a un estado fallido, un adjetivo quizá exagerado, pero que ya suele usarse de manera común para definir la situación que impera en ese lugar, donde los gobernadores anteriores —emanados del PRI— enfrentan acusaciones serias por vínculos con la mafia.

Uno de ellos, Tomás Yarrington, está preso en Italia; el otro, Eugenio Hernández, en una cárcel de México, y el tercero, Egidio Torre Cantú, está en libertad pero con señalamientos públicos de haber encubierto a sus antecesores y de no haber esclarecido ni siquiera el crimen de su hermano Rodolfo, asesinado justamente en la ciudad a la que me dirijo.

 Estas carreteras no siempre fueron riesgosas para sus viajeros. Antes de que iniciara el nuevo siglo, era mucho más común que la gente de Monterrey tomara esta ruta para llegar a Tampico, una de las playas más cercanas de la ciudad.

El camino era un paseo en sí, que disfrutaban familias regiomontanas ansiosas de mar. Algunos ranchos abrían sus puertas para que los transeúntes entraran a comprar cítricos, quesos o carne seca.

 Incluso, mucha gente de la ciudad tenía un pequeño terreno en la zona o un rancho el cual atendía los fines de semana. Ese era el caso de Alejo Garza Tamez, nacido en Allende, Nuevo León, quien se había asociado con sus hermanos para fundar El Salto, la maderería más próspera de Monterrey en aquella época.

Por esos tiempos, al igual que otros nuevoleoneses, don Alejo compró tierra en Tamaulipas, aprovechando las enormes extensiones desocupadas y los buenos precios en que éstas se vendían. Así fue como nació el rancho San José, nombrado así en honor de su padre José Garza.

Entre extorsiones y comandos armados, fue a partir del año 2000 que la región empezó a volverse insegura. Además del cártel del Golfo, el grupo mafioso histórico de la zona, apareció una nueva banda llamada Los Zetas. Y en 2006, los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se volvieron sede de una batalla que durante los siguientes años fue expandiéndose hasta el resto del estado de Tamaulipas y el norte de Nuevo León.

En ese momento —entre otros problemas— se volvió ejercicio de alto riesgo recorrer las carreteras locales y muchos dueños de los ranchos de la zona comenzaron a ser extorsionados por los grupos armados que dominaban la región.

En algunos casos, los comandos exigían un pago mensual para no molestar a los rancheros, pero en otros, ocupaban las propiedades y las usaban como centros de operaciones o campos de entrenamiento.

Todo esto sucedía sin que fuera posible denunciar algo ante las autoridades —coludidas o intimidadas—, o la prensa, que padecía una condición similar. La impunidad imperante obligaba a que los dueños de los ranchos de la zona abandonaran sus propiedades para poder mantenerse con vida.

Por eso en noviembre de 2010, la noticia de que un hombre había enfrentado hasta la muerte a los bandidos que le querían quitar su rancho, produjo cierta conmoción nacional. Aún más, al revelarse algunos detalles épicos como el de que un día antes de que los bandidos fueran a atacar su rancho, don Alejo había despedido a sus trabajadores para enfrentarlos él solo y que cuando los bandidos llegaron los había recibido a balazos.

Varios años después de aquel hecho, llegó a Ciudad Victoria para revisar en la Procuraduría de Justicia del Estado el expediente del caso de don Alejo. En 2016, por primera vez en la historia moderna de Tamaulipas, llegó al poder un partido distinto al PRI.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, emanado del PAN, triunfó en las elecciones con la promesa de acabar con la impunidad. Bajo este contexto, y después de una serie de solicitudes formales, fue que pude acceder a la investigación oficial de la muerte de don Alejo, con la condición de que solo podía leer el expediente sin fotografiarlo ni tomar notas.

Tras unas diligencias finales, tengo frente a mí lo que primero supongo es solo un resumen de la averiguación previa del caso. Al poco tiempo descubro que no es así. Que esto que está en mis manos es todo lo que hay como indagatoria oficial por la muerte de don Alejo.

Hojeo el legajo que contiene menos de 200 páginas y descubro que el raquítico expediente solo cuenta con algunos peritajes, unos pocos oficios burocráticos y misivas sin relevancia alguna. Aunque hay algunos datos que son imborrables de la mente.

En los peritajes balísticos se hace un recuento de casi 900 casquillos de bala percutidos en contra de don Alejo aquel domingo 14 de noviembre, los cuales fueron disparados mediante cinco armas distintas; en los peritajes forenses se aprecian también numerosas fotografías del cuerpo de don Alejo, tendido en el piso, en la entrada del baño de su recámara. Pese a los casi mil disparos lanzados en su contra, don Alejo solo recibió dos: uno en la cabeza y otro en el tórax.

Vestido con una pijama azul, las imágenes de la escena del crimen lo muestran rodeado de armas largas y cortas, así como también de sus respectivas cajas de municiones.

Además de esto, el expediente incluye copias de los permisos otorgados a don Alejo por la Secretaría de la Defensa Nacional para portar las armas de cacería con las cuales defendió su rancho.

También hay un listado de las camionetas Pickup halladas en el sitio y nada más. El expediente registra que los hechos ocurrieron la madrugada el 14 de noviembre, entre las 3 y 5 de la mañana.

Lo que más sorprende es que en ocho años ninguna persona fue llamada a declarar por lo sucedido. Ninguna. Tampoco hubo un solo reporte de investigación. Ninguno. El crimen más divulgado de 2010 en Tamaulipas y quizá en todo el norte de México nunca fue investigado de manera oficial.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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