Internacionales
Expertos de la ONU acusan al gobierno de Nicaragua de “crímenes de lesa humanidad”
Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua, y específicamente al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado este jueves (02.03.2023) en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El texto hace un llamado a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.
“Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”, agregó.
Simon acusó al gobierno nicaragüense de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. Según el grupo de expertos, Ortega y Murillo cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.
El informe apunta que la policía nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018. Además, acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
Un hombre perdió la vida en Chile al ser alcanzado por una bala perdida mientras paseaba a su perro, tras verse atrapado en un enfrentamiento entre bandas rivales en la localidad de Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago.
La víctima, de 59 años, que no tenía vínculos con los grupos delictivos ni antecedentes penales, sufrió una herida de bala sin salida del proyectil en la clavícula. Fue trasladada a un centro de salud cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el tiroteo comenzó entre al menos cuatro integrantes de bandas rivales. Tras el ataque, los agentes policiales lograron identificar más de 60 casquillos de bala en el lugar, mientras que vecinos del sector aseguraron haber escuchado más de 100 detonaciones.
Las autoridades pudieron individualizar al menos a dos de los presuntos involucrados. Según las pesquisas iniciales, estos habrían manipulado la escena del crimen, sustrayendo parte de la evidencia balística antes de darse a la fuga. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado detenciones vinculadas al ataque.
