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Entierran a un familiar pero 26 días después lo encuentran vivo en un hospital
Una familia en Honduras lloró la muerte de uno de sus parientes, lo enterraron y 26 días después se dieron cuenta que habían enterrado a la persona equivocada y que la persona a la creyeron muerta estaba viva.
El dramático caso tuvo como escenarios la capital Tegucigalpa, donde ocurrió la confusión al entregarles el cadáver, y el municipio de Langue, en el sureño departamento de Langue.
El diario La Prensa informó que el 20 abril la morgue de Medicina Forense no cumplió a cabalidad con los protocolos establecidos y entregaron un cuerpo a personas que no eran parientes del fallecido. Sin embargo, quienes recibieron el cadáver tampoco observaron el cuerpo ni el rostro para identificarlo, por lo que lo retiraron de la morgue sin percatarse del error.
“Nos enseñaron una fotografía en la que se veía alguien idéntico a nuestro familiar, nosotros también les mostramos una foto en la que está mi familiar en medio de otros dos hermanos y sí coincidía bastante la persona muerta con mi familiar”, aseguró unos de los familiares a La Prensa.
El origen de la confusión
Los familiares de Luis Alonso Díaz Santos llegaron el 20 de abril al Ministerio Público (MP) para buscar información sobre él. Díaz Santos había sido reportado como desaparecido varios días antes, por lo que después de buscarlo en hospitales y centros asistenciales llegaron hasta la morgue de MP.
Los desesperados parientes describieron cómo era Díaz físicamente y los encargados de la morgue le dijeron que había un cuerpo que compaginaba con la descripción, el cual había sido ingresado el 3 de abril, a la 1:30 de la mañana y quien había fallecido producto de un accidente de tránsito.
Al día siguiente, el sábado 21 de abril, un empleado del MP retomó el caso, fue al congelador donde son preservados los cuerpos, le tomó una fotografía al cadáver y se los mostró a los parientes.
Luego de hacer varios exámenes, una odontóloga forense determinó que los análisis comparativos apuntaron que los dientes del fallecido coincidían con las características brindadas, pero fueron otros exámenes más exhaustivos que determinaron que no correspondían, por lo cual tuvieron que entregar el cadáver a la morgue.
Los empleados que entregaron de manera irresponsable el cadáver reconocieron su error y brindaron disculpas a los desesperados familiares.
Días más tarde encontraron a Luis Alonso Díaz Santos, de 54 años, fue encontrado con vida internado en un hospital hondureño.
Por: El Salvador Times
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
