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Condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción
Agencias
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa conocida como Vialidad, en la que se investigaron los contratos otorgados a empresarios cercanos a la administración kirchnerista.
Aunque la peronista Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político.
La sentencia fue una decisión de los jueces del Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La ex presidenta se enteró de la sentencia en su despacho del Senado en Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani, que en su alegato final había pedido 12 años de condena para la dirigente peronista, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.
La decisión fue informada poco después de las 17 en los tribunales federales en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Afuera, un grupo de militantes kirchneristas cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor.
Cristina Kirchner no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad.
Asimismo, Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Cristina Kirchner es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.
Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la esperada apelación del fallo.
Miles de militantes con bombos y banderas de apoyo a Cristina Kirchner se manifestaron en las afueras del edificio de Justicia, en Buenos Aires, tras conocerse el veredicto, que podría ampliar el fuerte antagonismo entre el oficialismo y la oposición, que los argentinos llaman “grieta”.
Cristina Kirchner fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos (2007-2015) 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
