Internacionales
Brasil desplegará fuerte dispositivo de seguridad para asunción de Lula
Brasilia desplegará toda su policía para la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva el primero de enero, dijeron este martes las autoridades, ante preocupaciones por los disturbios y el intento de ataque con explosivo protagonizados por bolsonaristas disconformes con la elección.
El domingo “habrá una movilización del 100 por ciento de las fuerzas policiales del Distrito Federal (DF), para garantizar la seguridad no solo del presidente, sino también de las delegaciones extranjeras y del público”, dijo a periodistas Flávio Dino, futuro ministro de Seguridad del gobierno de Lula.
De momento, agregó Dino, no se ha tomado una decisión sobre si Lula hará el tradicional desfile ante el público en la Explanada de los Ministerios en un auto cerrado o en uno descapotable, como es costumbre.
“Ambos escenarios estarán disponibles ese día” y la decisión se tomará “en el momento”, añadió en una conferencia junto al futuro ministro de Defensa y el gobernador del Distrito Federal, responsable de la policía local.
Será una ceremonia “segura” y “en paz”, dijo Dino, quien incentivó a los brasileños a viajar desde otros estados para acompañar los actos institucionales y shows culturales previstos en la región central de Brasilia, donde se esperan cientos de miles de personas.
Numerosos seguidores de Lula expresaron en las redes sociales temer que ocurran disturbios o atentados en la multitud durante la investidura, especialmente después de que un seguidor del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro fuera detenido y acusado de terrorismo el sábado por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia.
Aunque hubo un intento de activarlo, el dispositivo no llegó a explotar.
Según dijo a los investigadores el hombre, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, con el atentado pretendía “iniciar el caos” e “impedir la instauración del comunismo en Brasil”.
El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, dijo este martes en conferencia de prensa que el detenido llegó a hacer cursos de francotirador para manejar armamentos. Y destacó su “mentalidad totalmente orientada para el crimen”.
Además, informó que un segundo hombre, sospechoso de ayudar a Oliveira Sousa, es buscado, pero informaciones indican que “ya se fugó” de la capital.
Desde la derrota de Bolsonaro por 50,9 a 49,1 por ciento en el balotaje de octubre, sus simpatizantes bloquearon carreteras y se manifestaron ante cuarteles militares para pedir a las fuerzas armadas que impidiesen la toma de posesión de Lula.
El 12 de diciembre, manifestantes de uno de estos campamentos chocaron con la policía e incendiaron autobuses y automóviles en Brasilia, tras la detención de un indígena que participaba en uno de estos actos.
“Pequeños grupos terroristas y extremistas no pondrán contra la pared a las instituciones de la democracia brasileña”, aseguró Dino este martes.
El futuro ministro pidió al Supremo Tribunal Federal de Brasil suspender el porte de armas en la capital desde el miércoles hasta el dos de enero, día posterior a la asunción.
Bolsonaro, que ha limitado sus apariciones públicas tras la derrota, no se ha manifestado públicamente sobre los incidentes, ni ha confirmado que traspasará a Lula la banda presidencial el domingo.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
