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Internacionales

Aumentan a 11 los civiles muertos en protestas en Venezuela contra reelección de Maduro

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Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela este martes gritando «¡Libertad!», para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras protestas que dejan al menos 11 muertos, entre ellos dos menores de edad, y cientos de detenidos.

Al grito de «¡Libertad, libertad!», simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron en Caracas y otras ciudades venezolanas para disputar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorga un tercer mandato al izquierdista Maduro.

«Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar», dijo a la AFP Carley Patiño, de 47 años, que trabaja como administradora.

Liderada por Machado, la oposición dice tener las pruebas para demostrar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.

En la concentración en Caracas, González Urrutia llamó a la calma a la Fuerza Armada tras la muerte de al menos 11 civiles en protestas, en las cuales resultaron heridas decenas de personas.

«Señores de la Fuerza Armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela, no hay razón alguna para tanta persecución», dijo el rival de Maduro en los comicios.
El presidente responsabilizó a González Urrutia y a Machado por la violencia en las manifestaciones, y aseguró que «la justicia va a llegar».

«Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción», dijo Maduro ayer en el palacio presidencial de Miraflores.

«Estamos viviendo un intento de desestabilización masiva», sostuvo.

La Casa Blanca consideró «inaceptable» la represión de manifestantes, mientras el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, llamaron a respetar la protesta pacífica de opositores.

«Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones, que en un solo día se hayan producido once muertos en manifestaciones, es una cifra alarmante», consideró Alfredo Romero, director del Foro Penal.

El fiscal general, Tarek William Saab, reportó a su vez la muerte de un militar, y anunció la detención de 749 personas.

La organización Encuesta Nacional de Hospitales informa de 84 civiles heridos en las protestas, mientras el ministerio de Defensa da cuenta de 23 efectivos militares lesionados.

El dirigente opositor Freddy Superlano fue arrestado en lo que la oposición considera una «escalada represiva».

La Fuerza Armada, principal sostén del Gobierno, expresó su «absoluta lealtad y apoyo incondicional» a Maduro, dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno.

«Persecución»

Familiares esperaban a las afueras del comando de la Guardia Nacional -cuerpo militar con atribuciones de orden público- donde se encuentran detenidas varias mujeres, incluidos menores de edad. «Mi hija tiene 16 años, está con una prima (que) tiene 25 años, ellas salieron ayer en horas de las 11 o 12 a caminar y las agarraron (…) no estaban manifestando», dijo a la AFP una mujer de 50 años que pidió el anonimato.

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Internacionales

¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?

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Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.

Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.

De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.

La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.

Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.

Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.

En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.

No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.

Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.

“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.

Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.

Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.

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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia

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Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.

El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.

A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.

Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.

La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.

Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.

Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.

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Internacionales

Más de 5,000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EE. UU.

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Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.

Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.

El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».

Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».

Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.

La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.

Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».

«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».

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