Internacionales
Aumentan a 11 los civiles muertos en protestas en Venezuela contra reelección de Maduro
Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela este martes gritando «¡Libertad!», para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras protestas que dejan al menos 11 muertos, entre ellos dos menores de edad, y cientos de detenidos.
Al grito de «¡Libertad, libertad!», simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron en Caracas y otras ciudades venezolanas para disputar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorga un tercer mandato al izquierdista Maduro.
«Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar», dijo a la AFP Carley Patiño, de 47 años, que trabaja como administradora.
Liderada por Machado, la oposición dice tener las pruebas para demostrar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.
En la concentración en Caracas, González Urrutia llamó a la calma a la Fuerza Armada tras la muerte de al menos 11 civiles en protestas, en las cuales resultaron heridas decenas de personas.
«Señores de la Fuerza Armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela, no hay razón alguna para tanta persecución», dijo el rival de Maduro en los comicios.
El presidente responsabilizó a González Urrutia y a Machado por la violencia en las manifestaciones, y aseguró que «la justicia va a llegar».
«Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción», dijo Maduro ayer en el palacio presidencial de Miraflores.
«Estamos viviendo un intento de desestabilización masiva», sostuvo.
La Casa Blanca consideró «inaceptable» la represión de manifestantes, mientras el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, llamaron a respetar la protesta pacífica de opositores.
«Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones, que en un solo día se hayan producido once muertos en manifestaciones, es una cifra alarmante», consideró Alfredo Romero, director del Foro Penal.
El fiscal general, Tarek William Saab, reportó a su vez la muerte de un militar, y anunció la detención de 749 personas.
La organización Encuesta Nacional de Hospitales informa de 84 civiles heridos en las protestas, mientras el ministerio de Defensa da cuenta de 23 efectivos militares lesionados.
El dirigente opositor Freddy Superlano fue arrestado en lo que la oposición considera una «escalada represiva».
La Fuerza Armada, principal sostén del Gobierno, expresó su «absoluta lealtad y apoyo incondicional» a Maduro, dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno.
«Persecución»
Familiares esperaban a las afueras del comando de la Guardia Nacional -cuerpo militar con atribuciones de orden público- donde se encuentran detenidas varias mujeres, incluidos menores de edad. «Mi hija tiene 16 años, está con una prima (que) tiene 25 años, ellas salieron ayer en horas de las 11 o 12 a caminar y las agarraron (…) no estaban manifestando», dijo a la AFP una mujer de 50 años que pidió el anonimato.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
