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Judicial

Irene y Eunice fueron abusadas a corta edad por su padre y el padrastro, que fueron condenados

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Irene y Eunice, nombres cambiados para proteger su identidad, a su corta edad fueron víctimas de dos casos de agresión sexual que tienen como responsables a dos personas que se suponía debían guiarlas en sus primeros años de vida: su papá y el padrastro.

Los hechos tuvieron lugar en febrero y junio de 2017, mayo y agosto de 2018.

En febrero de 2017 la madre de Irene ya no estaba junto al progenitor, pero tenía una relación sentimental con Ricardo L., de 41 años, con quien tenía la suficiente confianza como para dejarlo al cuidado de su pequeña.

En una ocasión la madre de Irene llegó a dejarla a la casa de Ricardo, quien ya tenía una hija, con la intención de que ambas niñas pasaran el rato juntas, pero ese día no estaba por lo que la mujer dejó a Irene al cuidado de Ricardo.

La Fiscalía lo acusó de agresión sexual en menor en modalidad continuada y después des desfile probatorio el Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador lo mandó a la cárcel por 12 años.

Mientras dormía

En la ciudad de Ahuachapán, en mayo de 2018 a eso de las 8 de la noche Eunice ya estaba acostada y el resto de su familia dormida, nadie tenía idea de lo que estaba por suceder.

Eunice estaba junto a una de sus hermanas y a la par de ella estaba su padre, Máximo G., de 42 años, quien se le acercó y de repente le tocó sus partes íntimas y le dijo que si le decía a su mamá la iba a castigar. Esa misma noche Máximo también abusó de la misma forma de la hermana de Eunice.

La familia terminó descubriendo los hechos de los que las niñas habían sido las víctimas y denunciaron al hombre para su captura.

Las investigaciones y las pericias en las menores comprobaron el crimen en el sistema judicial Tribunal de Sentencia de Ahuachapán lo condenó a 13 años de cárcel por agresión sexual en menor de manera agravada.

Por: El Salvador Times.

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Judicial

FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Judicial

Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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Judicial

Sujeto recibe 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida

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Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.

Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.

Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.

«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.

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