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2 de cada 5 cigarrillos que se consumen en El Salvador son de marcas ilegales
En El Salvador, la circulación de cigarrillos ilegales representó un 34% de total de cigarrillos que se consumieron en el país en 2022. En los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán, estos cigarrillos – que no pagan impuestos – representan el 56% y el 50% respectivamente, del total de cigarrillos que se consumieron. Así lo reveló la última investigación realizada por la firma Total Research Network S.A.
Bajo la metodología de recolección de paquetes de cigarrillos encontrados en las diferentes calles y lugares de alto tráfico en el país, se determinó la presencia de marcas ilegales, como Modern, Marvel, Richman Royal y THIS. La investigación fue desarrollada durante el tercer trimestre del 2022 en ocho zonas de El Salvador.
Según el coronel Carlos Avilés, experto técnico de seguridad de ADES: “El problema del comercio ilícito de cigarrillos tiene graves consecuencias para la seguridad del país. Generan pérdida fiscal, son productos que no tienen controles y genera un ambiente de inestabilidad ya que se relaciona con otras actividades delictivas como crimen organizado, trata de personas y narcotráfico.”
De acuerdo con la investigación, en el departamento de Santa Ana, el comercio ilícito de cigarrillos creció en el 2022 un 20% con respecto al año anterior. Esto significa que estas localidades se venden más cigarrillos ilegales (56%) que los que cuentan con permisos sanitarios y están debidamente registrados.
La marca que lidera el mercado ilegal de cigarrillos es Modern, acapara el 24.3% del total de cigarrillos que se consumieron en el 2022. Marvel y Richman Royal representan el 3.4% de total cada una. Por último, la marca THIS empieza a reflejar un patrón de crecimiento pasando de 0.3% en 2021 a 1.5% para 2022.
“La falta de controles, el ingreso de productos por varias vías y ambientes restrictivos o altamente impositivos en cuanto impuestos, por lo general tienden a favorecer la comercialización de productos ilegales. Es importante continuar los esfuerzos que se realizan para controlar esta problemática”, afirmó el coronel Avilés.
En lo que va de este 2023, como parte del Plan Anticontrabando, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron 79 cajas que contenían 790,000 cigarrillos de la marca Modern y tres vehículos, utilizados para el contrabando, en el municipio de Aguilares, San Salvador.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, estos cigarrillos ilegales están valorados en $188,880.04, solamente en este primer decomiso. El esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, permitirá reducir el daño del contrabando, brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
