“Cuando vi la turba de vecinos, me di cuenta que no podía razonar sobre lo sucedido. -Mejor retírese- me dijo una señora y me alejé de la zona lo más que pude. Dejé mi vehículo, mis documentos y mis pertenencias; tomé un taxi hacia mi casa y después presenté una denuncia en el Departamento de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia ante la cual debemos reportar este tipo de hechos, los funcionarios que utilizamos bienes nacionales (carro y celular). 

Fue hasta el día siguiente MARTES 19 DE FEBRERO  que agentes de la PNC se presentaron a Cámara Tercera de lo Civil  a detenerme en mi oficina. Quiero hacer notar que es falso que haya habido flagrancia, me detuvieron el día siguiente en mi centro de trabajo, y también es falso el señalamiento de que me encontraba en estado de ebriedad pues no consumo bebidas embriagantes”, señaló el Magistrado.

 “No deseo evadir ninguna responsabilidad, simplemente, como ser humano y padre de familia, deseo responder como es debido ante un incidente automovilístico, en manera acorde a cómo sucedieron los hechos y no como tan erróneamente se han interpretado desde el momento de interposición de la denuncia”, dijo Escalante.

“Existe una acusación en mi contra por parte de la madre de la menor, quien considero que probablemente se confundió con las acusaciones de los vecinos ya que aconteció muy rápido, pues todo fue muy confuso. Sin embargo, confiando en mi inocencia, con el objeto de evitar cualquier daño a la imagen de la menor y su familia,  y sobre todo consciente de cómo se realizaron los hechos, es necesario que esta acusación sea ventilada en forma apropiada en un tribunal de inmediato, por lo que solicitaré facilitar el trámite al escrito presentado por la FGR para que no haya necesidad de realizar el complejo proceso del antejuicio en la Asamblea Legislativa”, aclaró el funcionario.

Debido a su cargo como Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Escalante posía fuero constitucional el cual impide ser juzgado por un tribunal; la FGR solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero y pudo ser juzgado por el Tribunal competente.

En su resolución de la audiencia preliminar, la Cámara primero de lo Penal considera que no existió delito contra la niña de 10 años de edad, por parte del magistrado Eduardo Jaime Escalante.

La Fiscalía asegura que Escalante agredió sexualmente a la menor y esperaba que lo enviara a juicio por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor, pero se declaró incompetente ya que asegura que está facultada para juzgar delitos y no faltas.