Internacionales
Redadas migratorias causan efecto “devastador” en comunidades y familias
Las redadas de inmigrantes en sus lugares de trabajo y la consiguiente separación de las familias han tenido un impacto psicológica y emocionalmente dañino en los menores de edad, así como un efecto devastador en comunidades y familias, según un informe divulgado este martes por el Centro para la Ley y la Política Social (CLASP, en inglés).
«Las redadas han sido devastadoras y han tenido como resultado el desgarramiento de las familias, la ruina de las comunidades. Las consecuencias son de largo plazo», dijo a Efe Wendy Cervantes, directora de Inmigrantes y Familias en CLASP y coautora del reporte.
«Meses y aun años después de estas operaciones las familias no han sido capaces de hacer pie. Los niños sufren consecuencias de salud mental de largo plazo, peores aun en los casos de separación permanente porque el padre o la madre han sido deportados», expuso.
La práctica, que se había moderado en administraciones anteriores, retornó con el Gobierno del presidente Donald Trump y alcanzó cimas en los veranos de 2018 y 2019, cuando cientos de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente en Mississippi, Texas y Ohio.
El 18 de marzo pasado, el ICE notificó al Congreso que durante la pandemia de COVID-19 postergaría sus operaciones policiales, cesando las redadas en sitios de trabajo y en torno a hospitales, consultorios médicos y clínicas, y declaró que la gente «no debería evitar el cuidado médico por temor a las autoridades de inmigración».
De acuerdo con la organización National Immigration Law Center, durante esas redadas «los agentes de inmigración invaden un sitio de trabajo, sin anuncio y con fuerza militarizada, y capturan trabajadores para arresto y deportación».
«Los agentes cierran todas las salidas, hacen arrestos y los envían a sitios de detención remotos, sin advertencia», añadió este grupo. «Desde 2017, las redadas en sitios de trabajo han resultado en el arresto de más de 1.800 trabajadores».
CLASP, organización no partidista sin fines de lucro que promueve soluciones políticas para personas de bajos ingresos, señaló que «el alcance nacional de estas redadas, el hecho de que son impredecibles y la fuerza excesiva con que se han llevado a cabo sustentan preocupaciones acerca del costo humano de estas operaciones».
Los expertos de CLASP, que visitaron sitios de redadas en Allen (Texas), Sandusky y Salem (Ohio), y Canton, Carthage, Forest y Morton (Mississippi) encontraron que «el impacto de las redadas en las comunidades y los niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, fue la devastación de la seguridad económica y el bienestar físico y mental de las familias».
Un asesor legal en Ohio dijo a CLASP que «la separación de la familia es una separación de la familia ya sea que se trate de un agente en la frontera que saca a un bebé de los brazos de su madre, o que deja a un niño en la escuela sin que alguien lo recoja; es el mismo crimen contra la humanidad».
Los padres y madres detenidos experimentan impactos mentales y físicos incluso varios meses después de las redadas, cuando su primera preocupación era el cuidado de sus hijos, continuó el informe. Las madres separadas de sus bebés, incluidas las que estaban amamantando, «sufrieron un trauma emocional adicional y condiciones penosas como la mastitis, que a menudo ocurre cuando una madre no puede alimentar de pecho en horarios regulares».
La organización hizo referencia a estudios según los cuales los niños en familias donde algún miembro había sido detenido mostraban señales inmediatas de trastorno por estrés postraumático, con dificultad para dormir, llanto frecuente y una sensación de temor.
«A más largo plazo, esto es más de seis meses después de la redada, los cambios de conducta adversos -incluida la regresión o retrasos en el desarrollo- fueron más comunes en los casos en que los padres habían estado detenidos por más de un mes y/o fueron finalmente deportados», añadió el informe.
El estudio mencionó como ejemplo de experiencia traumática la de varios niños en Mississippi que, cuando volvían de la escuela a sus hogares, vieron a sus padres y madres esposados, en fila afuera de las fábricas y empujados a subirse a camionetas.
«Padres, madres y otros familiares relataron cómo los niños gritaban y lloraban descontrolados», añadió. «Algunos desarrollaron hemorragias nasales y hernias debido al llanto desolado cuando vieron que a sus padres se los llevaban».
Las familias trabajadoras, muchas de las cuales ya experimentaban condiciones económicas difíciles, con sueldos bajos y alquileres altos, como consecuencia de las redadas y las detenciones tuvieron que hallar otros empleos y pasaron a depender de las donaciones de la comunidad y las iglesias.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
