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Ministro del MOP asegura que se han impuesto 86 multas por exceso de pasajeros en las unidades
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró esta mañana que se han colocado más de 80 infracciones de tránsito por incremento de la capacidad de personas al interior de las unidades de transporte público en el país. El funcionario enfatizó que la saturación de pasajeros es una de las formas de propagación de la COVID-19.
El ministro señaló que, en total, la semana pasada se registraron 126 infracciones de tránsito, de las cuales 86 son por saturación de unidades de transporte público. Rodríguez enfatizó que esta es una falta grave y que atenta contra la salud de los salvadoreños, asegurando también que, como Obras Públicas, analizarán la posibilidad de optar por otras medidas sancionatorias si se sigue incurriendo en esta infracción.
«Hemos colocado 126 infracciones de tránsito. De estas, 86 han sido por el incremento de personas adentro de las unidades con respecto a lo que se tiene permitido. Estamos intensificando los controles en carreteras y paradas de buses para evitar que se den aglomeraciones, porque este es uno de los principales focos de propagación de la enfermedad», aseguró el funcionario.
«La ley permite hasta un 15 % de personas paradas y muchos han estado incrementando la capacidad que tienen. Si siguen cometiendo esta infracción, pues vamos a tener que ir a otra instancia que sería quitar la compensación económica a aquellas rutas o a aquellas unidades que estén incrementando la cantidad de pasajeros que estén transportando», explicó.
Rodríguez dijo que, durante las inspecciones que realizan el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) se han detectado varias unidades con saturación de pasajeros, por lo que hizo un llamado a las gremiales de transporte a no irrespetar la ley y a evitar así que el transporte público se convierta en un foco de contagio de la COVID-19 en El Salvador.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres señalados de participar en una pelea callejera ocurrida en el barrio El Centro, en Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, los involucrados atacaron a puños y patadas a otro hombre luego de una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.
Los detenidos fueron identificados como Erick Joseph Gamero Santos, Orlando de Jesús Miranda y José Raúl Ventura Carranza.
Las autoridades indicaron que la víctima sufrió lesiones leves. Asimismo, informaron que los capturados serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
