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Lina Pohl permitió que 16 restaurantes funcionaran sin permiso en el lago de Coatepeque
La exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lina Pohl, permitió la construcción de 16 restaurantes construidos en la ribera del lago de Coatepeque funcionaron sin los permisos medioambientales.
Pohl habría permitido que los negocios operaran al margen de la ley y provocaran graves daños en el espejo de agua, como prueba de ello una inusual floración de algas.
“Inicio de obra dentro del espejo de agua, vertidos sobre el cuerpo receptor, mal manejo de desechos sólidos y extracción de agua del lago sin permiso son parte de las infracciones ambientales encontradas durante la inspección que nuestros equipos técnicos multidisciplinarios realizaron este lunes 5 de abril”, informó el MARN en aquella ocasió.
Pese a que durante su gestión al frente del MARN, la entonces ministra Pohl visitó en varias ocasiones el lago de Coatepeque a tomar muestras del agua tras su cambio a un color turquesa, nunca concluyó que los restaurantes que operan en la ribera estaban contaminando el importante recurso natural, o al menos no lo denunció públicamente.
“En aquellos (restaurantes) en los que se identificó infracción ambiental, se iniciará el procedimiento de imposición de medidas preventivas”, advirtió Ivanya Avendaño, directora general de Gestión Territorial del MARN tras la reciente inspección.
Mientras que el gerente de Monitoreo y Control de Aguas Residuales, Douglas García, precisó que “como parte de la estrategia de gestión sostenible que estamos implementando en el lago de Coatepeque, este día realizamos inspección y levantamiento de información sobre los negocios e infraestructura dentro del lago para tener un diagnóstico sobre el origen de este afloramiento”.
En cinco años como viceministra y otra cantidad igual como titular de la cartera medioambiental, Lina Pohl fue incapaz de darse cuenta, o de denunciarlos públicamente, que los 16 restaurantes a la orilla del lago operaban de forma ilegal, pese a las evidentes afectaciones al espejo de agua, la fauna y flora, nunca procedió contra los negocios que alteraron el frágil equilibrio en la zona.
En el año 2020, el abogado ambientalista Sergio Toruño denunció en la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) a Lina Pohl, por no cumplir su misión constitucional y permitir el funcionamiento ilegal del botadero a cielo abierto del señor Salume en el cantón Melara, en el Puerto de La Libertad.
Desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del botadero, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas, expuso el abogado Toruño.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
