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Judicial

Interponen denuncia penal contra Bertha Deleón, Arnau Baulenas, Carlos Martínez D’aubuisson y José Luis Sanz

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La abogada Jessica Rivas, en su calidad de mujer, ciudadana y abogada interpuso esta tarde, Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez D’aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción, con la intención de lograr la impunidad de Martínez D’aubuisson, a quien el periódico virtual LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente a una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA” para proteger su identidad. 

De acuerdo a la profesional del derecho, su decisión está movida por sentar un precedente sobre lo que es la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues a pesar que el IDHUCA publicó el 18 de julio del presente año un comunicado que supuestamente contenía el deseo e interés de la víctima, de no dar continuidad a su caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella. 

En este caso, debemos dejar bien claro, apuntó la abogada que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir. Cuestionó que la abogada Deleón, hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al Fiscal General llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión

También lamentó que en este intento de evitar la justicia, para el periodista Martínez D’aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia” 

De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al Fiscal General, una serie de diligencias que comprobarán que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, para ocultar la verdad de los acontecimientos, entre estos que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en la Fiesta donde ocurrió el abuso, las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a José María Tojeira, Diretor del IDHUCA. “El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras.” Recalcó.

Por último, dijo que hay en esto un reto para Fiscalía, demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.  

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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