Judicial
Interponen denuncia penal contra Bertha Deleón, Arnau Baulenas, Carlos Martínez D’aubuisson y José Luis Sanz
La abogada Jessica Rivas, en su calidad de mujer, ciudadana y abogada interpuso esta tarde, Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez D’aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción, con la intención de lograr la impunidad de Martínez D’aubuisson, a quien el periódico virtual LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente a una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA” para proteger su identidad.
De acuerdo a la profesional del derecho, su decisión está movida por sentar un precedente sobre lo que es la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues a pesar que el IDHUCA publicó el 18 de julio del presente año un comunicado que supuestamente contenía el deseo e interés de la víctima, de no dar continuidad a su caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella.
En este caso, debemos dejar bien claro, apuntó la abogada que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir. Cuestionó que la abogada Deleón, hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al Fiscal General llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión
También lamentó que en este intento de evitar la justicia, para el periodista Martínez D’aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia”
De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al Fiscal General, una serie de diligencias que comprobarán que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, para ocultar la verdad de los acontecimientos, entre estos que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en la Fiesta donde ocurrió el abuso, las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a José María Tojeira, Diretor del IDHUCA. “El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras.” Recalcó.
Por último, dijo que hay en esto un reto para Fiscalía, demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
