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INSÓLITO: “A las niñas fresas les gustan los mareros”, dice exnovia de un pandillero del Barrio 18
Recientemente, la cadena BBC publicó un reportaje donde da cuenta de una mujer identificada como “Hede”, quien sostuvo durante 7 meses un noviazgo con un pandillero del Barrio 18, lo cual le valió pasar cierto tiempo en prisión luego de que su ex novio la vinculara en un hecho en el que nada tuvo que ver.
Según la BBC, en la navidad de 2014, se reportó la desaparición de un hombre que, según testigos, habría recibido amenazas por parte de los Barrio 18. Sin embargo, fue hasta 2016 que su cuerpo fue hallado al fondo de un barranco.
En dicho caso, “El Testigo” un pandillero que entró al programa de testigos protegidos de la justicia salvadoreña, señaló a “Hebe” de haber sido partícipe de caso derivado de la guerra de las pandillas.
En su declaración, el testigo criteriado afirmó que “Hebe” había participado atrayendo a la víctima hasta su vivienda, donde posteriormente ingresaron varios miembros del Barrio 18 que le quitaron la vida.
Luego de que fue inculpada en el caso, “Hebe” fue arrestada. Los delitos que se le imputaron fueron los de homicidio y agrupaciones ilícitas. Su estancia en prisión fue de mes y medio en las bartolinas, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con la obligación de tener que acudir a un juzgado cada 15 días.
No obstante, “Hebe” asegura que para 2014 aún no se había enamorado de “El Testigo”.
De acuerdo con lo informado por BBC Mundo, ella y su ex novio se conocieron de niños, pero fue hasta 2016 que se reencontraron. Posteriormente se agregaron a Facebook y el resto es historia. Comenzaron a salir.
Con el paso del tiempo, comenzaron a vivir juntos. “Hebe” aceptó que la pandilla Barrio 18 subsidiara sus gastos para vivir. Toda la familia de ella aceptó la relación, la madre guardaba el dinero, al mes eran cerca de 750 dólares, más del doble del salario mínimo de El Salvador; el hermano hacia favores a la banda, lo que le costó también ser señalado por “El Testigo” y el padre toleró que su hija anduviera con un pandillero.
“Quizá a las niñas fresas les gustan los malos. Yo decía: Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va? Pero los jamases llegan” declara “Hebe” ante el cuestionamiento de por qué se fijó en un pandillero.
La salvó un tatuaje
El 16 de agosto de 2018, ante un juez “Hebe” tuvo la oportunidad de interrogar a “El Testigo”. Para demostrar que era inocente en el caso, ella hizo la única pregunta que delataría a su exnovio: “¿Tenés un 18 en el pecho?”, cuestionó. “Sí”, le respondió. “Gracias, eso es todo”, concluyó “Hebe”.
Con eso, la joven demostró que “El Testigo” era sus exnovio, un dato que este no había querido decir a las autoridades.
Desde ese día “Hebe” fue conocida públicamente como la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.
Ella fue absuelta ese mismo día. Cree que El testigo la involucró por venganza, porque ella lo abandonó cuando él fue encarcelado.
Sobre el novio, por ser un testigo protegido, cuya identidad está resguardada en el expediente, no es posible saber en qué cárcel está o qué privilegios obtuvo.
Nota tomada de El Blog
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
