Política
Fracción de ARENA contrata a abogado que puso de cabeza a la Sala de lo Constitucional en los periodos de gobiernos de FMLN
Herbert Danilo Vega Cruz es el nombre de un abogado que ni la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de “los cuatro fantásticos” ni los gobiernos del FMLN van a olvidar tan fácil. El profesional del derecho interpuso decenas de demandas y recursos de amparo contra medidas que impulso el partido de izquierda cuando estuvo en el Ejecutivo. Intentó llegar a ser candidato presidencial independiente de febrero de 2019 y ahora fue contratado por la presidencia de la Asamblea Legislativa, en manos de Norman Quijano del partido ARENA. O sea, trabaja ya para ARENA.
El nombre del profesional del derecho cobró notoriedad luego de interponer una gran cantidad de recursos ante los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco que conformaron aquella Sala. La mayoría de los recursos iban en contra de decisiones del Ejecutivo en manos del FMLN, incluso intentó frenar una emisión de títulos valores en dos ocasiones.
En el listado de empleados que los partidos y la Asamblea contrataron en el mes de junio obtenidos vía solicitud de acceso a la información, se detalla que Vega Cruz fue contratado como “colaborador jurídico” de la presidencia, que ostenta Norman Quijano.
El abogado comenzó a laborar en la institución desde el 3 de junio y tiene un salario mensual de $1,500. En el listado no se detalla las funciones del Vega Cruz como colaborador jurídico de la Presidencia legislativa.
De acuerdo con una entrevista que el abogado concedió a un medio de comunicación digital el año pasado, en su intento por ser candidato presidencial, Vega se afilió a ARENA para cumplir con la obligación de ley de estar afiliado a una institución política si se quiere buscar la presidencia.
En ese entonces el planteamiento del profesional del derecho fue que cumplía con el requisito de estar afiliado, pero no pedía ser candidato por ese partido. Sin embargo el TSE rechazó su solicitud.
El abogado intentó frenar una emisión de títulos valores por $152 millones que el Gobierno quería para financiar las medidas extraordinarias de seguridad, interpuso otra demanda contra una nueva emisión de títulos valores por hasta $550 millones que el presidente Salvador Sánchez Cerén quería para el pago de deuda. También puso otra demanda, nada más y nada menos, que contra el presupuesto general de la nación de 2017.
El “último dardo” de Vega Cruz fue en la campaña presdiencial, donde interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de Josué Alvarado de VAMOS y otra contra Nayib Bukele, aunque en la segunda no tuvo la misma suerte que la primera.
El elegido de Calleja para el deporte ya trabaja en la Asamblea
Otra de las incorporaciones de la fracción tricolor en la Asamblea es la de Marco Javier Calvo Caminos, quien en la legislatura pasada era el diputado suplente del diputado Mauricio Vargas y en esta es el suplente de Marta Batres.
En el ocaso de la campaña para las presidenciales del 3 de febrero, el entonces candidato presidencial de los tricolor, Carlos Calleja dijo que Calvo Caminos sería el encargado de implementar un programa deportivo llamado “El Salvador: Tierra de Campeones”.
Debido al resultado negativo de las elecciones, Calvo debió continuar como suplente de Batres, pero desde el 3 de junio de 2019 comenzó a laborar como uno de los “Colaboradores Jurídicos” del partido de derecha en la Asamblea con un salario de $1,000.
Otra de los nuevos empleados es María Isaura Pineda, quien es la diputada suplente de jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes. Pineda fue contratada como “asistente de fracción” desde el 24 de junio con un salario de $1,000.
Pineda es, en teoría, la suplente electa para Reyes, pero en esta legislatura ha sustituido a otros diputados, el primero de ellos es Arturo Magaña (5 de junio de 2019) y el otro es Josué Godoy (4 de julio de 2019).
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
