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Fiscalía presentará acusación contra magistrado acusado de agresión sexual en una menor de edad
La Fiscalía acudirá a las once de la mañana en la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador para continuar el proceso contra Jaime Eduardo Escalante Díaz por el delito de agresión sexual en menor agravada.|
Fiscalía presentará acusación contra magistrado acusado de agresión sexual en una menor de edad
El proceso contra el magistrado acusado de agresión sexual en una menor de edad continuará y este martes la Fiscalía General de la República (FGR) presentará en una cámara de San Salvador el requerimiento.
La Fiscalía acudirá a las once de la mañana en la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador para continuar el proceso contra Jaime Eduardo Escalante Díaz por el delito de agresión sexual en menor agravada.
Escalante Díaz fue desaforado el pasado cuatro de marzo por 82 de los diputados de la Asamblea Legislativa luego del respectivo proceso. El magistrado fue detenido y llevado ante el congreso el pasado 18 de febrero.
De acuerdo al relato que se dio en el Salón Azul, el magistrado se le habría tirado unas monedas al suelo, luego se le acercó y la tomó de los hombros, luego “la toca por su parte genital con las manos, procediendo a deslizarle la mano hacia arriba”, luego huyó del lugar al notar la presencia de una mujer.
“Luego, este señor salió corriendo cuando notó la presencia de una señora vecina que le gritó a su mamá: ‘ese hombro le tocó a su niña’. En ese momento, expresa la niña que ella se quedó congelada del miedo, asustada y cuando salió su mamá de la casa le contó lo sucedido y ella salió corriendo detrás del hombre», leyó el diputado René Portillo Cuadra en la sesión donde se quitó el fuero.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
