Internacionales
Expresidente surcoreano Yoon condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
