Judicial
$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito
Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
