Judicial
Elías Antonio Saca, de locutor deportivo al primer presidente de la República condenado a prisión
El nombre del descendiente de una familia palestina católica que puso pie en tierras salvadoreñas a principios del siglo XX, Elías Antonio Saca González, ha marcado historia en el país a través de diversos ángulos.
Desde que aparecía ante las cámaras de un canal de televisión por un espacio de noticias deportivas hasta pasar como empresario, político, presidente de la República y hoy el presidiario más famoso del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Su incursión en medios de prensa y empresarial
Saca González, conocido en el ámbito como Tony Saca, se sintió atraído por las comunicaciones y los medios de prensa, por lo que en 1983 inició sus estudios superiores de periodismo en la Universidad de El Salvador (UES), mismos que no concluyó.
El no haber culminado la carrera universitaria no fue un obstáculo para el originario de Usulután, pues luego se desarrolló como empresario en el área de comunicaciones, como narrador de notas informativas, así como locutor deportivo en radio y televisión.
En su trayectoria empresarial se marca su participación en la creación de Radio América, luego creó y dirigió su propia emisora: la Radio Astral (94.9 FM), misma que después de 21 años de estar al aire desapareció del dial el 17 de septiembre de 2014 por decisión de Saca, pero suplida por una de música popular juvenil.
Además, formó el Grupo Samix S.A. de C.V. con el que amparó 16 estaciones de radios distribuidas a nivel nacional. Esto lo llevó a ser presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En el ámbito político
Paralelo a sus empresas, Tony Saca decidió incursionar en la política al ingresar en las filas del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), instituto que con el mandato del usuluteco ha tenido hasta la fecha el último de los cuatro gobiernos.
Los miembros de ARENA decidieron tomar en cuenta a Saca en las elecciones presidenciales, por lo que el 14 de julio de 2003 anunciaron que lo presentarían como su candidato para las elecciones del año siguiente.
Saca se enfrentó en las urnas, junto a Ana Vilma de Escobar (su compañera de fórmula), contra el candidato del FMLN, Schafik Jorge Handal, quien llevaba como aspirante a la vicepresidencia al médico Guillermo Mata Bennett.
Ese día, en los comicios presidenciales, el empresario fue proclamado ganador con una votación de 58% frente al 36% obtenido por Handal, es decir que logró vencer con más de medio millón de votos a su contrincante.
Por ello, el 6 de junio de 2004 tomó posesión como presidente de la República.
La presidencia marcada por el carisma y los programas sociales
El 1 de junio de 2004, Tony Saca recibió la banda presidencial de manos del fallecido Francisco Flores.
En el discurso de apertura de su Gobierno, Saca manifestó su voluntad de dar mayor atención a los temas sociales, por lo que tras ello implementó un plan denominado “Red Solidaria” para otorgar un subsidio de $20 a las familias que habitaban en situación de extrema pobreza en los municipios menos desarrollados del país.
Además, anunció que continuaría las políticas económicas de libre mercado y la política exterior de total apoyo a los intereses de los Estados Unidos, similar a la impulsada por su antecesor.
Saca impulsó una Reforma Fiscal, implementó el conocido Plan Supermano Dura como un intento de frenar la delincuencia en el país. Anteriormente, Flores había lanzado uno denominado Plan Mano Dura.
Su carisma hizo que se convirtiera en un presidente querido entre la población, a esto se le sumó que su imagen fue plenamente mediática. Todo proyecto u acción ejecutada era trasladada a la población a través de los medios de prensa, tanto escrito, televisivo como radial.
Los cinco años de su gobierno cursaron, por lo que el 15 de marzo de 2009 fue el día en el que ARENA fue derrotada y se colocó el FMLN con su primer gobierno que manejaría las riendas del Estado.
Saca debió entregar la banda presidencial a Mauricio Funes, quien colocó en la vicepresidencia a Salvador Sánchez Cerén –actual presidente de la nación-, luego de que ARENA perdiera las elecciones con Rodrigo Ávila.
Luego de la derrota, las autoridades del tricolor expulsaron a Saca en diciembre de 2009, luego de que 12 diputados que los representaban en la Asamblea Legislativa desertaran, formaran el partido denominado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y lo inculparon de “amañar” la elección interna del partido para beneficiar a Ávila. Decisión calificada por Saca como “arbitraria e injusta”.
Un segundo intento para la presidencia
UNIDAD fue un movimiento y luego un instituto político conformado por el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y liderado por Saca.
Bajo esa bandera, este buscaba obtener nuevamente el liderazgo del país, por lo que el 25 de febrero de 2013 lanzó su candidatura presidencial para el periodo 2014-2019.
Pese al esfuerzo implementado en las giras ejecutadas para recorrer los 14 departamentos del país, Saca quedó eliminado de la contienda electoral el 2 de febrero de 2014 al quedar en tercer lugar en el número de votos obtenidos frente a los candidatos Salvador Sánchez Cerén del FMLN y Norman Quijano de ARENA, quienes pasaron a disputar la segunda vuelta el 9 de marzo de 2014.
Pese a haber participado en las elecciones, el 26 de junio de 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional su candidatura presidencial por vulnerar unos artículos de la Constitución Política.
El proceso judicial por desviar $300 millones de las arcas del Estado
Luego de diversas investigaciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), Saca fue acusado por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos durante el período en el que fungió como presidente 2004 a 2009.
Por ello, el ministerio público ordenó su captura, misma que fue concretizada el 30 de octubre de 2016 cuando se encontraba en la celebración de la boda de Gerardo Saca, el mayor de sus tres hijos.
El operativo fue ejecutado en la Hacienda de Los Mirandas, un sitio ubicado en Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, en donde se desarrollaba la recepción de las nupcias.
Junto a él también fueron arrestados dos exfuncionarios que fueron extraídos de la fiesta, el exsecretario de la Juventud y expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), César Funes Durán, y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Humberto Rank.
La FGR también giró una orden de captura en contra de su exsecretario privado de la Presidencia Elmer Charlaix, quien se entregó voluntariamente el 30 de octubre de 2016 en las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, también fueron capturados los empleados de Casa Presidencial (CAPRES), el extesorero institucional de la Presidencia, Jorge Alberto Herrera Castellanos; el exjefe de la Unidad Financiera, Francisco Rodríguez Arteaga; y el contador institucional presidencial, Pablo Gómez.
Todos fueron señalados de realizar un manejo irregular de $300 millones, provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de Casa Presidencial.
El 17 de enero de 2017, Saca se convirtió en el primer expresidente que puso pie en una prisión común al ser enviado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, con el resto de sus exfuncionarios.
Un beneficio: el procedimiento abreviado
Luego de concluir las primeras etapas del proceso en contra de Saca y los demás imputados, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura del juicio, por lo que el caso cayó en manos del Tribunal 2° de Sentencia.
Tal y como informó El Salvador Times, la FGR y los abogados defensores cinco de los seis imputados llegaron a un acuerdo para poder implementar un procedimiento abreviado, una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos del imputado para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.
Por ello, el 7 de agosto de este 2018, los tres jueces del Tribunal aceptaron la solicitud para desarrollar el proceso de esa manera. Cinco de los acusados optaron por el beneficio a excepción de Pablo Gómez, quien se sometió a un proceso regular.
El apoyo ilícito para ARENA
El 9 de agosto de este año, Saca confesó ante el Tribunal que emitió fondos por unos $400 mil al partido ARENA, del cual fue expulsado. Aunque la FGR sostiene que de las arcas del estado se destinó 7.6 millones
Este movimiento de extraer dinero de forma ilícita fue acordado con su secretario privado, es decir Charlaix.
Por otro lado, según una investigación periodística hubo una red de cuentas bancarias del partido tricolor, en la que Saca y una decena de personas vinculadas a su partido recibieron decenas de cheques por cantidades que casi suman los 10 millones de dólares que, según la Fiscalía, Taiwán entregó al expresidente Flores en 2003.
Los recursos fueron derivados hacia cuentas bancarias de ARENA creadas con nombres como “Arena casa por casa”, “Arena Territorial”, “Arena Día D”, “Arena mítines y eventos”, “Arena San Salvador”.
Las declaraciones de Saca
Aparte de indicar que inyectaba fondos a su expartido que lo llevó a convertirse en presidente de la nación salvadoreña, Saca reveló que le pagaba mensualmente $10,000 a la exprimera dama, Ana Ligia de Saca, para sus gastos personales y el pago de tarjetas de crédito.
Dijo también que acordó con los propietarios de varias empresas de publicidad para que el 80% del dinero destinado para las distintas campañas que impulsó su Gobierno fuera destinado al grupo Radial SAMIX, por lo que esta empresa elevó sus ingresos.
El exmandatario confesó que en el 2003 ganaba en el Grupo SAMIX $5 mil, pero entre 2009 a 2012 para legitimar lo sustraído de Casa Presidencial se incrementó el salario a $60 mil mensuales.
Asimismo, todo su gabinete de Gobierno recibía sobresueldos que iban desde $5 mil a $10,000 mensuales.
Las condenas
El juicio duró 17 días. Tras ello, a sus 53 años el exmandatario recibió la noticia de que continuaría guardando prisión bajo lo acordado: 10 años.
Como él, Charlaix también recibió la misma pena, mientras que Funes Durán, Rank, Herrera Castellanos, Rodríguez Arteaga recibieron una condena de cinco. Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión.
Los jueces impusieron una condena de responsabilidad civil de $300,347,117.17 que deberán devolver en conjunto.
Ante esto, Saca devolvería $260,732,171.64; Charlaix, $15 millones; Rank, $8,381,130.39; Funes, $886,697.97; Herrera Castellanos, $3 millones; Rodríguez Arteaga, $7 millones; y Gómez, $5 millones.
Todos regresaron a Mariona para pagar la condena impuesta este 12 de septiembre de 2018, el día en que fue sentenciado a prisión el primer presidente del país.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
