Nacionales
3 años de servicio comunitario para ciudadano alemán por adopción ilegal de una bebé
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó al alemán Nils Sjard Schultz, en procedimiento abreviado, a tres años de prisión, los cuales serán suplantado por 144 jornadas de utilidad pública, por los delitos de suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio del Estado Familiar de una niña y por falsedad ideológica, en la Fe Pública.
Por este mismo caso ya fue condenada su esposa Claudia Esperanza Aguilar Garza, a tres años de prisión por los mismos hechos.
En 2016, él y su esposa tuvieron contacto con Nicole Guerrero, de nacionalidad costarricense, mediante una página de adopción de bebés, en la que al tener contacto con Guerrero les indicó que no quiere tener a su bebé, porque su mamá se molestaría si se daba cuenta de su estado por lo que quería darla en adopción, a lo que Aguilar Garza le manifestó que era empleada de Relaciones Exteriores en El Salvador y que junto a su esposo, le podrían dar un hogar estable a su hija.
Guerrero manifestó que Aguilar Garza le envió una carta en la que el Estado de El Salvador, le otorgaba una pasantía, lo que según su dicho era falsas, con dicha carta le dijo a su madre que viajaría a El Salvador y que el Estado salvadoreño pagaría su estadía.
Posteriormente, el ahora condenado dijo que le alquilaron un apartamento para ella y su novio, que también viajó desde Costa rica; la pusieron en control de embarazo y los mantuvieron el tiempo que estuvieron en el país.
En agosto de 2016, la trasladan hacia el hospital Pro Familia donde dio a luz a su hija, sin embargo dijo llamarse Claudia Esperanza Aguilar Garza porque es lo que supuestamente habían acordado con la imputada y el esposo de ésta.
Ocho días después. El alemán hizo el retiro de la niña de dicho nosocomio, haciéndose s pasar como el padre biológico de la menor, debido a que la madre de la niña estaba en depresión postparto y bajo medicamentos.
El juzgador en su falló dijo que se la acción de los dos delitos cometidos por el ahora condenado había sido una sola, pero que respetaba el acuerdo establecido por las partes, por lo tanto fue condenado por los dos delitos, pero dicha condena la cumplirá realizando 144 jornadas de utilidad públicas, las cuales serán interpuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
