Judicial
Revocan arresto domiciliar a exalcalde Muyshondt y ordenan prisión
En una audiencia especial efectuada este miércoles, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador revocó el arresto domiciliar al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en el proceso penal vinculado a la negociación con pandillas.
Al exfuncionario, quien está detenido por otros procesos, se le vencía el jueves 19 de octubre la medida del arresto domiciliar, el cual ha quedado sin efecto desde hoy y queda oficialmente en detención provisional.
El expediente en el cual hay políticos de ARENA y del FMLN acusados se basa en que a través de tres intermediarios, supuestamente negociaron con cabecillas de las pandillas votos para las elecciones presidenciales del año 2014 y los comicios legislativos y municipales del año 2015.
En febrero de 2020, la Fiscalía judicializó la causa penal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, acusando de agrupaciones ilícitas y fraude electoral al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los intermediarios con las pandillas, Paolo Lüers, Raúl Mijango [ya fallecido] y Wilson Alvarado.
Cuando se hizo la audiencia inicial a todos los acusados les dieron medidas alternas a la detención. Al exalcalde de San Salvador, su situación jurídica cambió el 4 de junio de 2021, en una audiencia especial se le revocó las medidas y fue enviado a cumplir arresto domiciliar, pero el 14 del mismo mes, el Juzgado Tercero de Paz lo envió a la cárcel por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes [por $275,000].
Desde que se inició el proceso la jueza que entró a conocer el expediente dijo que hay suficientes indicios de la participación de los políticos en los hechos.
La jueza cuestionó que Muyshondt, Valencia y Lara, se hayan reunido con los cabecillas de las pandillas para incidir en ellos, a que sus familias y otros pandilleros votaran a su favor a cambio de dinero.
A la Fiscalía se le han admitido audios obtenidos mediante escuchas telefónicas que un juzgado autorizó, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» quienes han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, mientras que Muyshondt, pagó $69,000 a cada una de las pandillas, según han informado testigos criteriados al ministerio público.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
