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MAG mejorará las condiciones de 3 mil familias que se dedican a la pesca artesanal con apoyo de la FAO
Un convenio de cooperación técnica fue firmado, este martes, entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El grupo familiar de María es solo uno de los más de 3,000 beneficiados con el acuerdo para el fomento de prácticas sostenibles en la producción de alimentos de origen acuático para la seguridad alimentaria y nutricional, enfocado en los curileros salvadoreños; el cual fue presentado hoy en Puerto El Triunfo Usulután por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa; el Ministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el director de CENDEPESCA, Edgar Palacios; y el representante de FAO El Salvador, Diego Recalde.
«Estamos diversificando la actividad agropecuaria a efecto de darle al país la seguridad alimentaria. Ahora le apostamos a una industria olvidada: la pesca y acuicultura. Es hora de que El Salvador le preste la atención adecuada, agradezco al Ministro por la atención a CENDEPESCA, porque se trata de prestarles servicios a los productores. Esta es la ejecución del proyecto para dignificar la profesión de la extracción de curiles», aseguró el vicemandatario salvadoreño.
«El proyecto de economía azul busca un equilibrio medioambiental. Beneficiaremos a más de 3,000 familias de Usulután, Ahuachapán, San Vicente, La Paz, Sonsonate y La Unión. El elemento fundamental es el acompañamiento de nuestros técnicos de CENDEPESCA, que les permita desarrollarse con nuevos conocimientos innovadores, que hoy ya podrán aplicar en sus actividades pesqueras», precisó el Ministro Guardado.
«Sepan que vamos a estar ahí apoyando a #CENDEPESCA para la gestión de recursos y producción. Este es un proyecto que será exitoso si trabajamos unidos entre instituciones y la comunidad», dijo el representante de la FAO El Salvador, Diego Recalde.
María agradece el apoyo del Gobierno y demás instituciones, pues asegura que todos los habitantes de la isla San Sebastián de San Dionisio, en Usulután, se dedican a la pesca artesanal y a la extracción de moluscos y que con los conocimientos de CENDEPESCA tendrán una mejor producción, y por tanto mayores ingresos económicos.
«Yo me dedico desde los 14 años y los beneficios que nos traerá el convenio a la isla son muchos, porque somos de escasos recursos y no tenemos los fondos para comprar muchas cosas. Los técnicos nos capacitan y nos enseñan sobre la alimentación, nos llevan los saquitos de maya y nos enseñan a usarlos», dijo la pescadora artesanal.
«Esta es una promesa cumplida, ustedes arriesgan su salud entrando a los manglares a extraer con la mano los curiles. Vamos a dignificar a las personas que se dedican a esta noble profesión y a proteger los manglares ante los cambios climáticos. Quienes se dedican a extraer curil vamos a tener una planta de depuración para tener un mejor producto para alcanzar un precio justo hasta exportar, para tener más ingresos y una vida digna», detalló el director del CENDEPESCA.
Para concluir, el Ministro Guardado explicó que con el convenio se apoyará con varias acciones, entre ellas la entrega de semilla de curil y de materiales para la construcción de viveros. También se capacitarán a los curileros en el establecimiento de módulos de acuaponía y cómo producir pescado o tilapia haciendo uso de tecnología innovadora.
Como parte de la actividad, las autoridades liberaron 36 millones de larvas de curil en Usulután, con las que se espera generar sostenibilidad en el desarrollo de la pesca artesanal y la extracción de moluscos; además, de trabajar por la protección de los recursos y el cuido del medioambiente.
La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
