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Hermano de Catalino Miranda concilia con víctima por $200,000
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador autorizó que José Braulio Miranda Arteaga, hermano del fallecido empresario de microbuses, Catalino Miranda, pague $200,00 a una víctima de estafa agravada. Esta resolución se concretó por la vía de la conciliación.
Según el informe judicial, fue la esposa de Miranda Arteaga quien asumió el acuerdo de pago, que consistió en un primer aporte de $150,000 mientras que los $50, 000 restantes serán entregados en cuotas mensuales en el plazo de un año.
De acuerdo al expediente judicial, José Braulio, su hermano Catalino Miranda y su sobrino Adalberto Antonio Miranda Zepeda fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de estafa agravada. En representación de la empresa ACOSTES de RL, los hermanos Miranda, firmaron con la víctima un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y prendaria por un monto de $1,800,000. Según consta en la acusación, con el tiempo, dejaron de pagarle el dinero.
Durante el proceso, la esposa de José Braulio logró un acuerdo extrajudicial con la víctima por el pago de $200,000, el cual fue autorizado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Al concretarse este acuerdo, el Tribunal revocó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado y al no tener otro proceso pendiente, ordenó su libertad.
En este mismo proceso es juzgado como reo rebelde, Miranda Zepeda, hijo de Catalino Miranda, a quien la Fiscalía le atribuye también el delito de estafa agravada, porque presuntamente fue quien presentó un documento falso en el Centro Nacional de Registro (CNR) para poder cancelar el mutuo hipotecario que firmaron con la víctima.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.
Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».
La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.
Captura de pantalla de noticia publicada por CNN sobre la supuesta operatividad de agentes de la CIA dentro de México.
«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».
La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.
«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.
El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.
Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.
El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.
La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos a penas de 15 años por el delito de tráfico ilícito, en la modalidad de transporte. Fueron detenidos por autoridades salvadoreñas en febrero de 2025 en aguas jurisdiccionales.
Los imputados son: Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.
En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos.
Según la acusación fiscal, agentes de la Marina Nacional de El Salvador ubicaron una embarcación sospechosa que se desplazaba al sur de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz, y al momento de intervenirla descubrieron que se trataba de una lancha tipo ecuatoriana con sistema GPS incorporado.
Las autoridades localizaron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo de color blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína.
En total, las autoridades incautaron 1,795 paquetes de cocaína con un valor aproximado de $45,126,300, por lo que los tres extranjeros fueron detenidos bajo el cargo de tráfico ilícito.
En enero de este año, otros tres ecuatorianos fueron sentenciados a 15 años de prisión por el mismo delito. Los condenados fueron: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.
Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga. Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. El hecho ocurrió en febrero de 2025.
Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor de la droga era de $38,589,900.
Durante una entrevista radial, Ortiz señaló que su partido mantiene comunicación constante con salvadoreños residentes fuera del país y reiteró su respaldo a la participación política de la diáspora.
Según expresó, algunos de esos ciudadanos le habrían manifestado sentirse decepcionados por el rumbo de la actual administración, pese a haber apoyado previamente el proyecto político oficialista.
“Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar”, citó la legisladora al referirse —según explicó— a comentarios recibidos durante esos intercambios.
La diputada también sostuvo que el tema central no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar políticamente, sino garantizar mecanismos adecuados de representación.
