Internacionales
El Gobierno de Biden demandó a Elon Musk por fraude de valores en la compra de Twitter
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) interpuso este martes una demanda civil contra Elon Musk por fraude de valores en la compra en 2022 de la red social Twitter, rebautizada como X.
La demanda afirma que Musk omitió informar sobre la acumulación de una participación activa en Twitter como estaba obligado a hacer, lo que le habría permitido adquirir acciones a “precios artificialmente bajos”.
Esta acción por parte de la SEC llega a seis días de que el todavía presidente, Joe Biden, abandone el poder.
Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022, pero a principios de ese año habría acumulado el 9 % del accionariado, sin revelarlo públicamente a tiempo.
Las normas de la SEC obligan a revelar una participación mayor al 5 % en una empresa en un periodo de 10 días, algo que Musk no hizo.
Eso le permitió seguir comprando acciones por valor de unos 500 millones de dólares ahorrándose cerca de 150 millones de dólares, según la SEC.
Los reguladores, que interpusieron la demanda ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, piden que Musk sea condenado a devolver las ganancias injustas obtenidas y pagar una multa.
Un abogado de Musk, Alex Spiro, dijo en un comunicado que su cliente “no ha hecho nada malo” y tachó de “fraude” la demanda.
Desde la compra de Twitter, Musk se implicó en política doméstica e internacional y se convirtió en un importante donante de la campaña presidencial de Donald Trump.
El presidente electo ha prometido un papel influyente a Musk, que liderará un organismo asesor dedicado a recortar el gasto público y las regulaciones.
Todo esto sucede mientras que, el régimen de China estaría evaluando la posibilidad de que Elon Musk adquiera las operaciones estadounidenses de TikTok si la compañía finalmente no lograra sortear la prohibición de la aplicación en el país, según indicaron a Bloomberg fuentes familiarizadas con el asunto.
Los funcionarios de Beijing prefieren que TikTok siga siendo propiedad de la china ByteDance, que ha apelado la inminente prohibición ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Sin embargo, habrían comenzado a debatir los planes de contingencia para TikTok como parte de una amplia discusión sobre cómo trabajar con la administración de Donald Trump, según las fuentes, que apuntaron que un posible acuerdo con Musk, uno de los aliados más cercanos de Trump, tendría cierto atractivo para Beijing.
Musk gastó más de 250 millones de dólares (245 millones de euros) en apoyar la reelección de Trump y ha sido elegido para un papel destacado en la mejora de la eficiencia del Gobierno después de que el republicano asuma el cargo.
“TikTok no debería ser prohibida en los EEUU, aunque tal prohibición pueda beneficiar a la plataforma X”, escribió Musk en la red social de su propiedad.
En cualquier caso, las fuentes señalaron que las conversaciones en el gigante asiático sugieren que el destino de TikTok puede que ya no esté bajo el control exclusivo de ByteDance.
El régimen chino posee una ‘acción de oro’ en una filial de ByteDance que le da influencia sobre la estrategia y las operaciones de la empresa, aunque TikTok sostiene que el control sólo se aplica a la filial con sede en China, Douyin Information Service, y no tiene relación con las operaciones de ByteDance fuera de China.
En respuesta a la publicación de Bloomberg, TikTok calificó este mismo martes de “pura ficción” -en un comentario enviado a EFE- la posibilidad de que las autoridades chinas planeen su venta a Elon Musk si el Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente respalda su cierre.
“No se puede esperar que comentemos sobre algo que es pura ficción”, señala el escueto comentario enviado a EFE por un portavoz de TikTok, que tiene una de sus sedes en Singapur.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
