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El femicidio de una estudiante en Ecuador que podría quedar impune
Una caída desde el piso 16 de un edificio en el norte de Quito terminó con la vida de Camila Aguilera de 21 años. La joven estudiante de medicina había pasado una tarde con su hermana y sus amigos en la casa de su novio Carlos Yépez. Al finalizar la tarde ambos empezaron a discutir y Carlos le cayó a golpes a Camila.
A minutos de que ella y su hermana partieran de regreso a su casa, luego de conversar por teléfono con su madre; Carlos, que se había quedado solo con la joven en una habitación, dijo que Camila se había suicidado. Las irregularidades alrededor de la actuación del entonces novio de Camila y de la Policía amenazan con que el evidente femicidio quede impune.
Ha pasado un año y cuatro meses desde ese trágico 16 de junio de 2022. En Ecuador se comete un femicidio cada 27 horas. En 2022 hubo 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, en lo que va del 2023, se han contado 277. El caso de Camila resurgió gracias a un hilo realizado en X por David Revelo, un joven que utiliza esa red social para recopilar casos de crímenes no resueltos. Revelo contó a Infobae lo importante de mostrar las irregularidades alrededor de la muerte de Camila y de permitir que sus familiares puedan contar su historia. Para Revelo, la presión social que suele darse cuando uno de estos casos se viralizan también pone en la agenda del debate la violencia de género que está normalizada.
Camila estudiaba medicina en una universidad de Quito. Eligió esa carrera porque creció viendo y ayudando a su hermana mayor, María Sol que también estudió medicina. Camila creció en un entorno familiar amoroso y, según cuentan sus allegados, era carismática, con vocación por el servicio y liderazgo. Además de María Sol, Camila tenía una hermana gemela: Emilia. A Camila le decían “la doctorita pequeña”.
Cuando su madre, Janeth Sierra supo del deseo de Camilia de estudiar medicina apoyó a la joven en su decisión. Aunque vivían en Ibarra, a 112 kilómetros de Quito, impulsó a que sus hijas se mudaran a la capital. Tiempo después, Janeth también se movilizó a Quito para reunirse con las tres jóvenes.
Entre 2019 y 2022, Camila mantuvo una relación sentimental con Carlos, a quien había conocido en Ibarra. Su relación no fue constante pues Carlos ha sido descrito como una persona violenta y manipuladora. Carlos tiene tres procesos por violación a diferentes jóvenes, incluyendo a una prima de Camila. Él fue el último en verla con vida.
Como es común en las relaciones de pareja donde se ejerce violencia, Carlos empezó a controlar a Camila. Si ella salía con otras personas que no fueran él, incluso si se trataba de sus hermanas, el sujeto entraba en cólera. Camila optó por alejarse de sus amigos y de restringir las actividades para no molestarlo.
Janeth contó a Revelo que, “en más de una ocasión su madre vio moretones en el cuerpo de Camila” y que su hija justificaba las hematomas diciendo que eran ocasionadas por alguna caída. Los hechos posteriores mostrarían que Camila estaba inmersa en un ciclo de violencia en su relación sentimental.
Después de estar separados ocho meses, Camila y Carlos volvieron a estar juntos a mediados de 2022, apenas a días de que ella muriera. Entonces, en junio de 2022, en Ecuador explotaron las protestas en contra del gobierno de Guillermo Lasso y las universidades funcionaban en modalidad virtual
El 16 de junio, Camila y Emilia pidieron a su mamá que les permita visitar el departamento de Carlos, ubicado en una zona privilegiada de la ciudad, pues la plusvalía de los inmuebles es alta. Según recogió Revelo en su hilo, el departamento de Carlos era un lugar propicio para reunirse pues había una piscina. Al lugar llegaron también otros amigos. El grupo de jóvenes disfrutó una tarde en la piscina, comieron y bebieron. Había seis personas en total.
Cuando cayó la tarde, cerca de las 19:00, el grupo de amigos dejó la zona de la piscina e ingresaron al departamento. Allí fue cuando Carlos y Camila empezaron a discutir. La pelea se volvió violenta cuando Carlos empezó a golpear a Camila en el piso. Su hermana Emilia intervino para separarlos. Camila lloraba desconsolada. Las gemelas llamaron a su mamá e hicieron una videollamada.
Emilia relató a su madre cómo Carlos golpeó brutalmente a su hermana. Janeth les dijo: ”Tranquila hijitas vengan a la casa. Ustedes no tienen por qué estar más ahí”. Esa terrible llamada fue la última que Janeth tuvo con su hija Camila.
Mientras Emilia pedía un taxi para poder regresar a casa se percató que su hermana ya no estaba con ella. Mientras la buscaba, Carlos salió de una habitación y dio una inesperada noticia: “Camila se suicidó lanzándose por una ventana”, contó.
Los cuatro jóvenes se acercaron a la ventana y observaron el cuerpo sin vida de Camila en el pavimento. La caída fue más de 40 metros. Todos estaban asustados y gritaban. Todos salvo Carlos, que estaba calmado. Le pidieron que llamara al 911 para recibir ayuda. Las investigaciones del caso demostraron que el sospechoso nunca llamó al servicio de emergencias y que lo primero que hizo fue contactarse con sus abogados.
Alrededor de 30 minutos después de que Carlos diera la noticia llegó una ambulancia que se encargó de retirar el cadáver de la joven. Según relató Revelo, con base en los testimonios de la madre de Camila, desde ese momento iniciaron las irregularidades. El oficial de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida que llegó a la escena no levantó el parte policial que es requerido para las investigaciones. Además, no prestó atención a los testimonios de los jóvenes quienes relataron la brutal pelea. Emilia ha contado que el agente solo les dijo que lo que haya sucedido no es importante porque “tu hermana ya está muerta”. A Janeth, los agentes policiales le dijeron que “esas cosas pasan por que sus hijas salen a tomar todas las semanas”.
En el acta del levantamiento del cadáver se inscribió que la muerte fue un suicidio y no se tomó en consideración las declaraciones de los jóvenes sobre la violencia de esa noche. El único testimonio que se tomó en cuenta fue el de Carlos, quien ha sostenido que Camila se lanzó por la ventana. Ninguno de los otros cuatro jóvenes presenció ese momento. Además, sin el parte policial, el proceso fiscal queda viciado. Esta falla permite que, incluso hoy, Carlos siga en libertad.
Pero no solo el parte policial inexistente y el acta del levantamiento del cadáver que declaró que se trataba de un suicidio son los elementos irregulares. Hay otras inconsistencias como la estructura de la ventana por donde cayó Camila.
Revelo mostró en su hilo la ventana. Esta no es amplia ni se abre completamente sino que solo permite la apertura a 45 grados. Como el femicidio se trató como suicidio, la Policía no mantuvo una cadena de custodia de elementos que podrían servir como evidencias y no tomaron las huellas dactilares que había en el departamento, por ejemplo en la ventana.
Un evento sospechoso también fue que Carlos se bañó después de que Camila cayera por la ventana. Aunque esto era extraño, los agentes policiales no se alarmaron. Además, el cuerpo de Camila tenía golpes previos que nunca se investigaron, según recogió Revelo.
Desde el primer instante la familia cuestionó que la muerte se tratara de un suicidio. Además, Carlos empezó a acosar a Janeth y a las hermanas de Camila, pues siempre aparecía en lugares cercanos a la ubicación de ellas. En medio del dolor de enterrar a la joven, la familia se enteró que Carlos había contratado asesoría legal para defenderse, pero ¿de qué? si el caso se cerró como un suicidio.
Janeth acudió un mes después de la muerte de Camila a la Policía y pidió un informe de la muerte de su hija. Fue entonces cuando se percató que los agentes policiales no realizaron ninguna diligencia. Un mes y medio después de la trágica noche el caso llegó a la Fiscalía.
Después de que su novia muriera al caer del piso 16 de un edificio, Carlos ha continuado con su vida. Acude a fiestas y a otros eventos sociales. Mientras tanto, la familia de Camila intenta recomponerse al mismo tiempo de exigir justicia. Revelo dijo a Infobae que Janeth, convertida en madre coraje, “tiene mucho dolor en su corazón”, pero quiere que ese dolor se convierta en una causa para honrar a su hija y para prevenir que otras jóvenes sean víctimas de violencia.
Un estudiante de 15 años fue detenido en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) señalado de asesinar a tiros a dos maestras en una escuela, informaron este martes autoridades.
México es golpeado desde hace dos décadas por la violencia ligada al narcotráfico, pero los tiroteos en escuelas son inusuales, a diferencia de lo que ocurre en el vecino Estados Unidos.
La balacera ocurrió en una escuela preparatoria privada, donde policías estatales y municipales hallaron sin vida a dos maestras de 36 y 37 años, luego de responder a reportes sobre disparos de arma de fuego.
Los agentes detuvieron a un alumno y le incautaron un fusil calibre 5.56, además de un cargador y más de 40 cartuchos útiles.
El estudiante «atenta contra la vida de dos maestras, mueren dos de ellas», dijo el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, al ser consultado por varios periodistas.
En la red social Instagram se publicó en la madrugada del martes un video que muestra a un joven, con las características físicas y la vestimenta del estudiante detenido, portando un fusil frente a un espejo.
Sin embargo, la fiscalía estatal aún no ha confirmado si la cuenta que difundió la grabación pertenece al alumno.
El video del adolescente estaba acompañado por otra secuencia con mensajes vinculados al movimiento «incel», abreviación inglesa de «célibes involuntarios».
Este movimiento promueve en internet el odio hacia las mujeres, y hombres ligados a él han reivindicado en el pasado ataques mortales en el mundo.
Michoacán, con costa en el Pacífico y un territorio del tamaño de Costa Rica, es sacudido desde hace décadas por la violencia del crimen organizado.
El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.
El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.
El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.
«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.
Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.
Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».
«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.
Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.
La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.
El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.
Internacionales
Presidente Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York tras invasión de EEUU en Venezuela
La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.
El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.
Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.
El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.
Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.
«Prisionero de guerra»
De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.
Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.
Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.
Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.
«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».
Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».
Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.
Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.
Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.
Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
