Internacionales
El femicidio de una estudiante en Ecuador que podría quedar impune
Una caída desde el piso 16 de un edificio en el norte de Quito terminó con la vida de Camila Aguilera de 21 años. La joven estudiante de medicina había pasado una tarde con su hermana y sus amigos en la casa de su novio Carlos Yépez. Al finalizar la tarde ambos empezaron a discutir y Carlos le cayó a golpes a Camila.
A minutos de que ella y su hermana partieran de regreso a su casa, luego de conversar por teléfono con su madre; Carlos, que se había quedado solo con la joven en una habitación, dijo que Camila se había suicidado. Las irregularidades alrededor de la actuación del entonces novio de Camila y de la Policía amenazan con que el evidente femicidio quede impune.
Ha pasado un año y cuatro meses desde ese trágico 16 de junio de 2022. En Ecuador se comete un femicidio cada 27 horas. En 2022 hubo 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, en lo que va del 2023, se han contado 277. El caso de Camila resurgió gracias a un hilo realizado en X por David Revelo, un joven que utiliza esa red social para recopilar casos de crímenes no resueltos. Revelo contó a Infobae lo importante de mostrar las irregularidades alrededor de la muerte de Camila y de permitir que sus familiares puedan contar su historia. Para Revelo, la presión social que suele darse cuando uno de estos casos se viralizan también pone en la agenda del debate la violencia de género que está normalizada.
Camila estudiaba medicina en una universidad de Quito. Eligió esa carrera porque creció viendo y ayudando a su hermana mayor, María Sol que también estudió medicina. Camila creció en un entorno familiar amoroso y, según cuentan sus allegados, era carismática, con vocación por el servicio y liderazgo. Además de María Sol, Camila tenía una hermana gemela: Emilia. A Camila le decían “la doctorita pequeña”.
Cuando su madre, Janeth Sierra supo del deseo de Camilia de estudiar medicina apoyó a la joven en su decisión. Aunque vivían en Ibarra, a 112 kilómetros de Quito, impulsó a que sus hijas se mudaran a la capital. Tiempo después, Janeth también se movilizó a Quito para reunirse con las tres jóvenes.
Entre 2019 y 2022, Camila mantuvo una relación sentimental con Carlos, a quien había conocido en Ibarra. Su relación no fue constante pues Carlos ha sido descrito como una persona violenta y manipuladora. Carlos tiene tres procesos por violación a diferentes jóvenes, incluyendo a una prima de Camila. Él fue el último en verla con vida.
Como es común en las relaciones de pareja donde se ejerce violencia, Carlos empezó a controlar a Camila. Si ella salía con otras personas que no fueran él, incluso si se trataba de sus hermanas, el sujeto entraba en cólera. Camila optó por alejarse de sus amigos y de restringir las actividades para no molestarlo.
Janeth contó a Revelo que, “en más de una ocasión su madre vio moretones en el cuerpo de Camila” y que su hija justificaba las hematomas diciendo que eran ocasionadas por alguna caída. Los hechos posteriores mostrarían que Camila estaba inmersa en un ciclo de violencia en su relación sentimental.
Después de estar separados ocho meses, Camila y Carlos volvieron a estar juntos a mediados de 2022, apenas a días de que ella muriera. Entonces, en junio de 2022, en Ecuador explotaron las protestas en contra del gobierno de Guillermo Lasso y las universidades funcionaban en modalidad virtual
El 16 de junio, Camila y Emilia pidieron a su mamá que les permita visitar el departamento de Carlos, ubicado en una zona privilegiada de la ciudad, pues la plusvalía de los inmuebles es alta. Según recogió Revelo en su hilo, el departamento de Carlos era un lugar propicio para reunirse pues había una piscina. Al lugar llegaron también otros amigos. El grupo de jóvenes disfrutó una tarde en la piscina, comieron y bebieron. Había seis personas en total.
Cuando cayó la tarde, cerca de las 19:00, el grupo de amigos dejó la zona de la piscina e ingresaron al departamento. Allí fue cuando Carlos y Camila empezaron a discutir. La pelea se volvió violenta cuando Carlos empezó a golpear a Camila en el piso. Su hermana Emilia intervino para separarlos. Camila lloraba desconsolada. Las gemelas llamaron a su mamá e hicieron una videollamada.
Emilia relató a su madre cómo Carlos golpeó brutalmente a su hermana. Janeth les dijo: ”Tranquila hijitas vengan a la casa. Ustedes no tienen por qué estar más ahí”. Esa terrible llamada fue la última que Janeth tuvo con su hija Camila.
Mientras Emilia pedía un taxi para poder regresar a casa se percató que su hermana ya no estaba con ella. Mientras la buscaba, Carlos salió de una habitación y dio una inesperada noticia: “Camila se suicidó lanzándose por una ventana”, contó.
Los cuatro jóvenes se acercaron a la ventana y observaron el cuerpo sin vida de Camila en el pavimento. La caída fue más de 40 metros. Todos estaban asustados y gritaban. Todos salvo Carlos, que estaba calmado. Le pidieron que llamara al 911 para recibir ayuda. Las investigaciones del caso demostraron que el sospechoso nunca llamó al servicio de emergencias y que lo primero que hizo fue contactarse con sus abogados.
Alrededor de 30 minutos después de que Carlos diera la noticia llegó una ambulancia que se encargó de retirar el cadáver de la joven. Según relató Revelo, con base en los testimonios de la madre de Camila, desde ese momento iniciaron las irregularidades. El oficial de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida que llegó a la escena no levantó el parte policial que es requerido para las investigaciones. Además, no prestó atención a los testimonios de los jóvenes quienes relataron la brutal pelea. Emilia ha contado que el agente solo les dijo que lo que haya sucedido no es importante porque “tu hermana ya está muerta”. A Janeth, los agentes policiales le dijeron que “esas cosas pasan por que sus hijas salen a tomar todas las semanas”.
En el acta del levantamiento del cadáver se inscribió que la muerte fue un suicidio y no se tomó en consideración las declaraciones de los jóvenes sobre la violencia de esa noche. El único testimonio que se tomó en cuenta fue el de Carlos, quien ha sostenido que Camila se lanzó por la ventana. Ninguno de los otros cuatro jóvenes presenció ese momento. Además, sin el parte policial, el proceso fiscal queda viciado. Esta falla permite que, incluso hoy, Carlos siga en libertad.
Pero no solo el parte policial inexistente y el acta del levantamiento del cadáver que declaró que se trataba de un suicidio son los elementos irregulares. Hay otras inconsistencias como la estructura de la ventana por donde cayó Camila.
Revelo mostró en su hilo la ventana. Esta no es amplia ni se abre completamente sino que solo permite la apertura a 45 grados. Como el femicidio se trató como suicidio, la Policía no mantuvo una cadena de custodia de elementos que podrían servir como evidencias y no tomaron las huellas dactilares que había en el departamento, por ejemplo en la ventana.
Un evento sospechoso también fue que Carlos se bañó después de que Camila cayera por la ventana. Aunque esto era extraño, los agentes policiales no se alarmaron. Además, el cuerpo de Camila tenía golpes previos que nunca se investigaron, según recogió Revelo.
Desde el primer instante la familia cuestionó que la muerte se tratara de un suicidio. Además, Carlos empezó a acosar a Janeth y a las hermanas de Camila, pues siempre aparecía en lugares cercanos a la ubicación de ellas. En medio del dolor de enterrar a la joven, la familia se enteró que Carlos había contratado asesoría legal para defenderse, pero ¿de qué? si el caso se cerró como un suicidio.
Janeth acudió un mes después de la muerte de Camila a la Policía y pidió un informe de la muerte de su hija. Fue entonces cuando se percató que los agentes policiales no realizaron ninguna diligencia. Un mes y medio después de la trágica noche el caso llegó a la Fiscalía.
Después de que su novia muriera al caer del piso 16 de un edificio, Carlos ha continuado con su vida. Acude a fiestas y a otros eventos sociales. Mientras tanto, la familia de Camila intenta recomponerse al mismo tiempo de exigir justicia. Revelo dijo a Infobae que Janeth, convertida en madre coraje, “tiene mucho dolor en su corazón”, pero quiere que ese dolor se convierta en una causa para honrar a su hija y para prevenir que otras jóvenes sean víctimas de violencia.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
