Judicial
Denuncian penalmente a la expresidenta del BFA y Banco Hipotecario Nora Miranda de López, por embargo ilegal
La expresidenta del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y del Banco Hipotecario durante los Gobiernos del FMLN, Nora Mercedes Miranda de López, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) que la Expresidenta por presuntamente cometer los delitos de Desobediencia de Particulares y Falsedad Ideológica.
De acuerdo a los abogados del empresario salvadoreño, Enrique Rais, la exfuncionaria introdujo documentos falsos, todo para evadir responsabilidad penal en el caso del embargo ilegal del Ingenio El Carmen, propiedad de Rais, quien por 21 años ha estado luchando para demostrar las fraudulentas acciones que cometieron los dirigentes de Arena y FMLN con fines políticos y económicos.
Según la demanda presentada el pasado 21 de mayo del presente año, los hechos se habrían registrado en el curso del proceso penal que las empresas dueñas del Ingenio “El Carmen”, llevan en contra de la imputada Nora Miranda de López y la persona que ejercía como Interventor de Caja del ingenio El Carmen Oscar Girón Ulloa por orden de la entidad bancaria gubernamental.
De acuerdo a los abogados, la señora Nora Miranda fue citada en calidad de acusada a la audiencia inicial, a la cual no compareció y solamente envió una constancia médica, sin embargo, la diligencia se instaló. Decretándose por el juez de paz que el caso pasara a la fase de instrucción, así como ordenando medidas sustitutivas a la detención para Nora Miranda, principalmente no cambiar de domicilio, no salir del país y llegar al juzgado a firmar los día
siete de cada mes. Todo eso le fue notificado por medio de su abogado defensor el 07 de febrero de 2022.
Sin embargo, consta en la denuncia a la cual este medio tuvo acceso que Nora Miranda no compareció a cumplir con la firma en el juzgado el 07 de marzo de este año, en su lugar el abogado Miguel Amador, su defensor particular presentó un escrito alegando razones médicas y presentando como prueba una constancia médica expedida por un médico guatemalteco en la ciudad de Mixco, Guatemala, a fecha 04 de marzo de 2022, es decir en tiempo que tenía restricción activa par salir del país.
Nuevamente la situación se repitió el 07 de abril de 2022, cuando el abogado defensor volvió a presentar escrito de justificación que acompaña de otra constancia de fecha 1º de abril de 2022 emitida por el mismo médico guatemalteco en la que recomienda que Nora Miranda no viaje por vía terrestre, aérea o marítima por mostrar secuelas desde su primera revisión los días 8 y 12 de enero de 2022, en que supuestamente dio positivo a COVID-19, en ambas fechas.
Entrevistado uno de los abogados denunciantes, dice que al confrontar las fechas advirtieron el incumplimiento de las medidas, ya que Nora Miranda tuvo restricción activa de salir del país desde el 07 de febrero al 19 de abril (ambas fechas de 2022); sin embargo presentó como causa de no poder asistir a cumpli con la firma en sede judicial constancias médicas expedidas en Guatemala, por un médico de ese país, en concreto el Dr. David Gordillo Quintana, de fechas 04 de marzo y 1º de abril (ambas fechas 2022) es decir que estaba incumpliendo las medidas vigentes en ese momento, lo que hicimos de conocimiento al juzgado de instrucción que lleva la causa.
De acuerdo al denunciante, luego que ellos advirtieron la situación, la Sra. Miranda de López compareció a firmar el 07 de mayo del presente año por primera vez, lo cual no borra los incumplimientos previos, sobre todo que se está hablando de fraudes en el expediente judicial, de confirmarse que desobedeció una orden judicial y que además presentó constancias falsas, ya que no se encontraba en la situación que en las mismas se manifiestan, sino que habrían sido elaboradas insertando información falsa para evadir su comparecencia.
Consta en la denuncia, que los hechos vertidos en la constancia no encajan en la realidad, pues de acuerdo al médico guatemalteco, David Gordillo Quintana, la Sra. Miranda de López dio positivo a COVID-19 en dos pruebas los días 08 y 12 de enero de 2022, manteniendo una situación grave en su salud que requería continuar con medidas preventivas de salud y exámenes complementarios por problemas de hipertensión arterial; no obstante, el documento es tan contradictorio con la realidad, que no advirtió Nora Miranda, que en el mismo expediente consta una Escritura de Poder Judicial otorgado por parte de ella en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos de América, el 23 de enero de 2022.
¿Cómo es que estando en una grave crisis de COVID-19 que le imposibilitó estar en su audiencia y firmar en el juzgado en los meses de febrero, marzo y abril, no le dio problema para estar 11 días después de supuestamente haber dado positivo a COVID-19 en los Estados Unidos de América? Se preguntan los denunciantes.
Finalmente reiteran que la razón de hacer estas denuncias públicas, es evitar con la práctica de personas que antes como fueron parte de las estructuras de poder durante los gobiernos del FMLN, creen que pueden seguir manteniéndose en la impunidad, sobre todo cuando el actual caso donde Nora Miranda está acusada por los delitos de Administración Fraudulenta, Apropiación o Retención Indebida, Daños y Actos Arbitrarios, intentó ser engavetado por los Ex fiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, quienes omitieron la investigación con el fin de cerrarlo definitivamente, delito por los cuales se presentarán demandas penales en contra de ambos ex fiscales. Situación que se logró revertir después de ocho años de batalla legal.
Nora Miranda Mercedes de López, fungió como Presidenta del BFA, durante gran parte del Gobierno de Mauricio Funes y posteriormente durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén fue nombrada Presidenta del Banco Hipotecario. Este último Banco fue señalado dentro de las investigaciones de los casos de desfalco y corrupción en los que se vincula al Expresidente de la República Mauricio Funes, de facilitar el retiro de millonarias cantidades de dinero por una suma próxima a los US $351 Millones de dólares, por diversos mecanismos entre los que se encontraba el cambio de cheque en efectivo por fuertes sumas de dinero que eran retirados por empleados de Casa Presidencial en “bolsas negras de basura”. Por estos hechos ha sido procesado uno de los Expresidentes del Banco Hipotecario y se confirma una vez más que esta señora ex presidente de bancos estatales está acostumbrada a este tipo de prácticas fraudulentas, desafortunadamente para ella, los tiempos han cambiado y ahora se respeta la ley y se hace justicia en los tribunales.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
