Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
Internacionales
Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.
La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.
Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.
Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.
Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.
El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.
Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.
Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».
«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.
En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.
La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.
