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Asamblea aprueba ley que busca proteger derechos de los depositantes ante entidades en problemas
Con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema bancario del país, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 56 votos, la creación de la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos.
Los parlamentarios indicaron que el objetivo de esta normativa es regular la preparación y ejecución de los procesos de recuperación y resolución de entidades financieras y brindar las facultades necesarias a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) como autoridad de resolución.
Además de la firmeza del sistema bancario, se contará con la continuidad de los servicios financieros esenciales y los derechos de los depositantes de entidades en problemas.
Ante esta normativa, que consta de 121 artículos, se creará confianza entre los depositantes, debido a que sabrán que su dinero estará seguro y creará una mayor competencia sobre las tasas de interés hacia los usuarios, argumentaron diputados oficialistas.
De acuerdo a lo plasmado en el artículo 2, el reglamento será aplicable a las siguientes entidades:
Bancos regulados por la Ley de Bancos, excepto el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
Sociedades de ahorro y crédito reguladas por la Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.
Bancos cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos.
También a las asociaciones cooperativas que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad.
Un comité coordinador para monitorear riesgos sistémicos
Según lo expuesto en la plenaria, con dicha ley se creará un Comité de Estabilidad Financiera, que coordinará a las organizaciones ante cualquier evento de crisis en las instituciones del sistema financiero del país. Además, tendrá la obligación de monitorear la evolución de los riesgos de este sistema monetario.
Dicho comité estará integrado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).
Entre las facultades de dicho comité, según lo establece el artículo 6 de la ley, está el monitoreo de riesgos del sistema financiero; coordinar las diferentes actividades entre sus miembros para poder enfrentar de forma consistente potenciales crisis; emitir recomendaciones que considere necesarias para mitigar riesgos que pudiera afectar el sistema financiero; y emitir los instrumentos administrativos necesarios para su funcionamiento; entre otros.
Plan de recuperación, de resolución y evaluación de entidades
El Comité de Estabilidad Financiera tendrá actualizado un plan de recuperación, en el que contemplará las medidas y acciones que adoptará la entidad con el fin de restablecer su posición financiera en el caso que se produjera un deterioro de la misma.
Ese plan deberá ser aprobado por el Órgano de Administración de cada entidad y deberá de ser remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero, en un plazo de 10 días.
Los procesos de recuperación de las entidades financieras o procesos de resolución para procurar la salida ordenada de una entidad del sistema financiero son para minimizar el impacto en la estabilidad financiera.
Por “resolución” se entenderá –de acuerdo a la regulación- por el proceso por medio del cual se ejecutan las medidas necesarias para que una entidad pueda salir del sistema financiero de forma ordenada o, si fuera el caso, facilitar la continuidad de sus funciones esenciales.
Es por eso que la ley establecerá que las entidades financieras deberán elaborar y actualizar un plan de recuperación.
Es así que el BCR tendría la potestad de conceder créditos o financiamiento a instituciones bancarias, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito para atender retiros de depósitos en caso de haber un deterioro en la estructura de liquidez de una o más instituciones o para prevenir iliquidez del sistema.
En cuanto a los objetivos de la resolución, la SSF es la máxima autoridad para esto de conformidad a las disposiciones de la ley y esto servirá para proteger los depósitos del público, para mantener la continuidad de los servicios financieros esenciales y procurar la estabilidad del sistema financiero.
La empresa OpenAI anunció que presentó de manera confidencial la documentación necesaria para una posible salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), una semana después de que Anthropic, uno de sus principales competidores en el sector de la inteligencia artificial, informara sobre un trámite similar.
Según indicó la compañía en un comunicado, la presentación se realizó mediante un formulario S-1 confidencial, un mecanismo que permite avanzar en el proceso regulatorio sin revelar información financiera sensible al público o a competidores. OpenAI señaló que aún no ha definido un calendario para una eventual oferta pública inicial y que algunos de sus planes actuales resultan más sencillos de ejecutar mientras continúa siendo una empresa no cotizada.
La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, afirmó recientemente que una salida a bolsa representa un hito para la compañía, aunque destacó que se trata principalmente de una herramienta para captar recursos y no de un objetivo final.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte interés de los inversionistas por las empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos. Tanto OpenAI como Anthropic buscan fortalecer su capacidad financiera para atraer talento, ampliar la infraestructura tecnológica y desarrollar centros de datos de gran escala.
A pesar del crecimiento de ChatGPT, que según la compañía cuenta con cerca de 1.000 millones de usuarios semanales, OpenAI enfrenta una creciente competencia de Anthropic, empresa fundada por antiguos empleados y creadora del asistente de inteligencia artificial Claude.
Como parte de su estrategia para mejorar la rentabilidad, OpenAI ha impulsado una reestructuración interna que incluyó el cierre de algunos proyectos y una mayor orientación hacia herramientas para uso profesional. Entre ellas destaca Codex, su plataforma de programación asistida por inteligencia artificial, que actualmente registra cinco millones de usuarios semanales.
La compañía también mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre una posible participación en un fondo soberano propuesto por el gobierno estadounidense. De acuerdo con medios de ese país, las negociaciones continúan y aún no se han definido las condiciones de un eventual acuerdo.
El alcalde de Wellington, Andrew Little, declaró el estado de emergencia ante la llegada de un intenso oleaje que afecta a varios suburbios costeros de la ciudad, entre ellos Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay y Breaker Bay.
Las autoridades emitieron una orden de evacuación que entró en vigor el martes por la mañana y solicitaron a los residentes mantenerse alejados de la costa sur. Además, advirtieron que los equipos de emergencia no acudirán en auxilio de quienes permanezcan en las zonas de riesgo.
La Policía fue movilizada para garantizar el traslado de los habitantes hacia terrenos elevados y estableció controles en las carreteras cercanas para impedir el acceso a la franja costera afectada por las condiciones marítimas.
El consejo municipal recordó que un evento similar ocurrido en 2021 provocó daños en numerosas viviendas de Breaker Bay, cuando las marejadas alcanzaron aproximadamente 6.5 metros de altura.
De acuerdo con el servicio meteorológico de Nueva Zelanda, las olas que ingresaron al puerto de Wellington alcanzaron cerca de 11 metros. Asimismo, se reportaron fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la ciudad.
Un periodista de la AFP observó que dos mujeres cayeron al suelo en Island Bay debido a la fuerza del viento mientras el agua inundaba una carretera de la zona.
Las condiciones climáticas también afectaron las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Wellington, donde se registraron vientos de hasta 128 kilómetros por hora. Como consecuencia, algunos vuelos fueron cancelados y una avioneta de una aerolínea local volcó mientras permanecía estacionada sin pasajeros.
La hondureña Daisy Mejía, asesora empresarial originaria de Copán, manifestó su interés en recibir atención médica en el nuevo Hospital Nacional Rosales de El Salvador, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas y asegurar que no ha recibido tratamiento oportuno en su país.
Según relató, tras conocer su diagnóstico en 2025 buscó atención tanto en el sistema público como en el privado de Honduras; sin embargo, afirmó que no ha logrado acceder a la asistencia médica que requiere. Ante esta situación, considera viajar a El Salvador para ser evaluada por especialistas en el nuevo centro hospitalario.
Mejía señaló que conoció la inauguración del Hospital Rosales a través de medios de comunicación y redes sociales, y destacó las características del centro asistencial, al que describió como moderno, tecnológico y con atención gratuita en diversas especialidades médicas.
La profesional indicó que estaría dispuesta a realizar un viaje de aproximadamente cinco horas desde Copán con el objetivo de consultar con especialistas relacionados con su condición médica, entre ellos un médico especializado en enfermedades hepáticas y una nutricionista oncóloga.
Asimismo, expresó que el sistema de salud pública de Honduras enfrenta limitaciones en medicamentos, equipos, infraestructura y personal para atender la demanda de la población. También mencionó que las huelgas del sector médico y la falta de prioridad presupuestaria para la salud han afectado la capacidad de respuesta del sistema.
Mejía afirmó que recibir atención médica especializada, moderna y gratuita en el Hospital Rosales representaría una oportunidad importante para enfrentar su enfermedad.
