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Arzobispo de San Salvador le pide al Gobierno no tocar los templos católicos
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, le pidió al Gobierno Salvadoreño que deje de intervenir en los templos religiosos, ya que, pese a las limitancias, prefieren que la Iglesia Católica Salvadoreña se la que sea la que resuelva los problemas que se tienen en cada uno de los recintos.
La intervención del Jerarca, surge debido a que en esta semana personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervino la iglesia El Rosario, al presuntamente intentar cambiar el color del templo, pero al final se conoció que solo se trataba de una capa de tapagoteras, para evitar la filtración del agua lluvia en la iglesia.
Alas dijo que tenía conocimiento que los permisos para la «restauración» en el recinto eran para «tapar goteras», que habría sido autorizado por los sacerdotes dominicos.
«En algún momento, el párroco actual me dijo que le habían ofrecido de parte del Ministerio de Cultura, entiendo, le habían ofrecido tapar las goteras, que la iglesia tenía mucha filtración, que caía agua dentro…tengo entendido que dio permiso para eso», dijo Escobar Alas.
También aclaró que no pretenden ser «malagradecidos», pero prefiere que destinen los esfuerzos gubernamentales, para otras necesidades del pueblo.
«Nosotros como Iglesia preferimos que nos nos ayuden, que nos ayuden del Gobierno, ni tampoco la Asamblea Legislativa en las reparaciones de nuestros templos o en la decoración de las iglesias, es cierto, que somos una iglesia con necesidad, pero con el esfuerzo de todos podemos tener bien nuestros templos, y no queremos que los fondos del erario público, los fondos del pueblo se ocupen para embellecer nuestros templos, no nos parece justo», comentó el Arsobispo.
El religioso recordó ocasiones en las cuales la Asamblea Legislativa ha designado dinero para las iglesias, sin que ellos lo hayan solicitado.
«Nosotros les hemos dicho que no, que mejor se destine a otra finalidad, hay tanta necesidad en el pueblo pobre…no es que tengamos una ánimos negativo, despreciativos o ser desagradecidos, no, solo que pensamos que así, que la iglesia se ocupe de sus cosas, aunque le cueste con sacrificio», agregó Escobar Alas.
La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
