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Arzobispo de San Salvador le pide al Gobierno no tocar los templos católicos
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, le pidió al Gobierno Salvadoreño que deje de intervenir en los templos religiosos, ya que, pese a las limitancias, prefieren que la Iglesia Católica Salvadoreña se la que sea la que resuelva los problemas que se tienen en cada uno de los recintos.
La intervención del Jerarca, surge debido a que en esta semana personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervino la iglesia El Rosario, al presuntamente intentar cambiar el color del templo, pero al final se conoció que solo se trataba de una capa de tapagoteras, para evitar la filtración del agua lluvia en la iglesia.
Alas dijo que tenía conocimiento que los permisos para la «restauración» en el recinto eran para «tapar goteras», que habría sido autorizado por los sacerdotes dominicos.
«En algún momento, el párroco actual me dijo que le habían ofrecido de parte del Ministerio de Cultura, entiendo, le habían ofrecido tapar las goteras, que la iglesia tenía mucha filtración, que caía agua dentro…tengo entendido que dio permiso para eso», dijo Escobar Alas.
También aclaró que no pretenden ser «malagradecidos», pero prefiere que destinen los esfuerzos gubernamentales, para otras necesidades del pueblo.
«Nosotros como Iglesia preferimos que nos nos ayuden, que nos ayuden del Gobierno, ni tampoco la Asamblea Legislativa en las reparaciones de nuestros templos o en la decoración de las iglesias, es cierto, que somos una iglesia con necesidad, pero con el esfuerzo de todos podemos tener bien nuestros templos, y no queremos que los fondos del erario público, los fondos del pueblo se ocupen para embellecer nuestros templos, no nos parece justo», comentó el Arsobispo.
El religioso recordó ocasiones en las cuales la Asamblea Legislativa ha designado dinero para las iglesias, sin que ellos lo hayan solicitado.
«Nosotros les hemos dicho que no, que mejor se destine a otra finalidad, hay tanta necesidad en el pueblo pobre…no es que tengamos una ánimos negativo, despreciativos o ser desagradecidos, no, solo que pensamos que así, que la iglesia se ocupe de sus cosas, aunque le cueste con sacrificio», agregó Escobar Alas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
