Judicial
20 años de cárcel a pandillero que participó en la desaparición de repartidor de pizzas en Soyapango
El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a un pandillero por la desaparición de un repartidor de pizzas ocurrida en el octubre de 2020 en el departamento de San Salvador.
El condenado es José Rolando Toledo Urquilla, quien junto a los imputados ausentes Miguel Humberto Amaya Cruz, Juan Francisco Acevedo Cruz y José Alexander Quijano Villanueva participó en la desaparición del joven Dennis Alexander Menjívar Pineda. Los acusados ausentes también fueron condenados a 20 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el 6 de octubre de 2020, alrededor de la 1:00 de la tarde, Menjívar Pineda llegó a la colonia San Antonio, del distrito de Soyapango, en San Salvador, para hacer una entrega de pizzas a domicilio.
En ese momento, el joven fue interceptado por al menos 10 pandilleros que lo obligaron bajo amenazas a bajarse de la moto y lo golpearon. Pese a estar lesionado, Menjívar Pineda logró escapar de sus atacantes y se fue a refugiar a una vivienda de la colonia.
Con su teléfono celular, intentó pedir un servicio de transporte a través de una plataforma digital, pero ningún conductor quiso ingresar a la colonia San Antonio, debido al control que ejercía la pandilla. También existen registros de que llamó a sus familiares para alertarlos de su situación.
Según las investigaciones, el joven trabajador temió poner en riesgo a la familia que se encontraba en la vivienda donde se había refugiado y decidió salir a la calle. Se sospecha que habría sido nuevamente interceptado por los pandilleros y desde entonces su paradero se desconoce.
Para el juez, quedó plenamente acreditada la participación de los imputados en el delito de desaparición de personas. Además de la pena, el tribunal condenó a los responsables a indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
Menjívar Pineda tenía 22 años y trabajaba en Bambino’s Pizza. El día de su desaparición era su primer día en la sucursal de la pizzería en Soyapango, luego de que había sido transferido desde otro local de la empresa.
Otros pandilleros también han sido condenados por este mismo caso. En septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 23 años de cárcel a los pandilleros Kevin José Ramírez y Nery Vladimir Castillo por la desaparición de Menjívar Pineda.
A los dos sujetos se les impuso ocho años de prisión por robo agravado, ya que se les imputó el robo de la motocicleta que usaba el joven para repartir las pizzas a domicilio, y 15 años más por desaparición de personas.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
