Judicial
20 años de cárcel a pandillero que participó en la desaparición de repartidor de pizzas en Soyapango
El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a un pandillero por la desaparición de un repartidor de pizzas ocurrida en el octubre de 2020 en el departamento de San Salvador.
El condenado es José Rolando Toledo Urquilla, quien junto a los imputados ausentes Miguel Humberto Amaya Cruz, Juan Francisco Acevedo Cruz y José Alexander Quijano Villanueva participó en la desaparición del joven Dennis Alexander Menjívar Pineda. Los acusados ausentes también fueron condenados a 20 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el 6 de octubre de 2020, alrededor de la 1:00 de la tarde, Menjívar Pineda llegó a la colonia San Antonio, del distrito de Soyapango, en San Salvador, para hacer una entrega de pizzas a domicilio.
En ese momento, el joven fue interceptado por al menos 10 pandilleros que lo obligaron bajo amenazas a bajarse de la moto y lo golpearon. Pese a estar lesionado, Menjívar Pineda logró escapar de sus atacantes y se fue a refugiar a una vivienda de la colonia.
Con su teléfono celular, intentó pedir un servicio de transporte a través de una plataforma digital, pero ningún conductor quiso ingresar a la colonia San Antonio, debido al control que ejercía la pandilla. También existen registros de que llamó a sus familiares para alertarlos de su situación.
Según las investigaciones, el joven trabajador temió poner en riesgo a la familia que se encontraba en la vivienda donde se había refugiado y decidió salir a la calle. Se sospecha que habría sido nuevamente interceptado por los pandilleros y desde entonces su paradero se desconoce.
Para el juez, quedó plenamente acreditada la participación de los imputados en el delito de desaparición de personas. Además de la pena, el tribunal condenó a los responsables a indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
Menjívar Pineda tenía 22 años y trabajaba en Bambino’s Pizza. El día de su desaparición era su primer día en la sucursal de la pizzería en Soyapango, luego de que había sido transferido desde otro local de la empresa.
Otros pandilleros también han sido condenados por este mismo caso. En septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 23 años de cárcel a los pandilleros Kevin José Ramírez y Nery Vladimir Castillo por la desaparición de Menjívar Pineda.
A los dos sujetos se les impuso ocho años de prisión por robo agravado, ya que se les imputó el robo de la motocicleta que usaba el joven para repartir las pizzas a domicilio, y 15 años más por desaparición de personas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
