Política
Llevar niños menores de ocho años en la moto podría ser considerado una falta muy grave
El diputado del PCN Reynaldo Cardoza propuso considerar a como falta muy grave que los conductores que lleven a niños menores de ocho años cuando viajan en motocicleta.
Con el objetivo de evitar que niños resulten lesionados o muertos en accidentes de tránsito donde se ven involucrados motociclistas.
En el reglamento de tránsito se contempla como sanción llevar a un niño, pero el diputado Cardoza busca convertirlo en infracción administrativa que actualmente incluye una multa de $54. 14 dólares.
La ley actual prioriza el uso del casco como medida de seguridad, mientras que el legislador considera que su uso no asegura la integridad del menor, tal como manda la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
Por otra parte señala que al no contemplar la seguridad de los niños se incumple con la Ley Lepina “También la integridad física radica en temas de transporte terrestre, por lo que el Estado debe procurar medidas legislativas idóneas”, indicó.
Debido a que se pide tipificar una conducta como una infracción al reglamento de Tránsito, la misma debe de incorporarse dentro de las tres formas de infracción actualmente contempladas como lo son las faltas leves, graves y muy graves, con multas que van desde los $11 hasta los $57.14 la última.
“El simple hecho de poner en riesgo la integridad física de un niño que por la ley se ha catalogado como alguien que requiere especial cuidado consagrado en la LEPINA y la Convención sobre los Derechos del Niño, considero que esta acción es constitutiva de una infracción que debe estar tipificada en la ley y catalogarse como muy grave”, planteó.
En la correspondencia se deja a manos de los diputados de la comisión que atienda la petición el estipular qué tipo de falta es, a pesar del planteamiento de Cardoza.
Los diputados analizan desde hace semanas una propuesta para elevar las multas, que fue entregada a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea por las anteriores autoridades de tránsito.
La propuesta de las autoridades de tránsito marcada desde los $500 para las leves, $1,000 para las graves y $1,500 para las muy graves. Otra de las propuestas contempla sanciones desde los $900 a los $1,000 a quienes transgredan las normas de tránsito.
Opinet
Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Política
FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
Política
CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».




