Política
Candidatos a la vicepresidencia en contra de una CICIES y revisarían relación política con Venezuela y Nicaragua
La candidata a la vicepresidencia de la República, Karina Sosa, así como la aspirante a la vicepresidencia por parte de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo, manifestaron durante el debate organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) que sus respectivos partidos políticos rechazan la posibilidad de crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES).
Ambas contendientes manifestaron que una CICIES no es necesaria porque el país es soberano y no necesitan injerencia internacional para resolver los problemas de corrupción e impunidad.
Adicionalmente se comprometieron a fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y las políticas contra la corrupción desde el Órgano Ejecutivo.
Cabe destacar que en El Salvador ha habido durante años sonados casos de corrupción de expresidentes, como también de diversos funcionarios del FMLN y de ARENA.
Venezuela.
En el momento que el presidente salvadoreño asiste al acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, los candidatos vicepresidenciales de la coalición de ARENA-PCN-PDC-DS, Carmen Aída Lazo, y de Vamos, Roberto Rivera, coincidieron en revisar las relaciones de El Salvador con Venezuela y Nicaragua, en un debate o conversatorio desarrollado anoche por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder).
Willie Lara, moderador, recordó que la fórmula del partido GANA, Nayib Bukele y Félix Ulloa, no asistió.
Una de sus preguntas fue: ¿cuál será la posición de su gobierno en países criticados por su falta de libertad democrática?
Karina Sosa, la candidata a vicepresidenta del FMLN, se inclinó por continuar con la misma postura del gobierno actual: instar al diálogo en países en conflicto.
Rivera señaló que están “analizando romper relaciones con Cuba y tener un estatus diferenciado con Nicaragua y Venezuela” para ayudar a nicaragüenses y venezolanos que quieran trabajar en El Salvador. Rivera fue más allá y dijo que revisarán el TLC con Estados Unidos y el sistema de integración centroamericana.
Lazo dijo que pondrá “los intereses de El Salvador por encima de cualquier ideología” y serán muy pragmáticos. “Vamos a evaluar esas relaciones, respetamos el principio de soberanía pero apoyamos los esfuerzos de las instituciones internacionales, reevaluaríamos la relación con Nicaragua y Venezuela”, dijo.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
