Política
Asamblea avala recursos para que Obras Públicas mejore red vial y rehabilite puentes
En la sesión plenaria número 102, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron la Ley de Presupuesto 2023 para respaldar diversos proyectos que ejecutará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para beneficio de la población de varios municipios.
Con 76 votos, los legisladores avalaron la incorporación de $20 millones para ejecutar tres proyectos de reconstrucción de calles y puentes y uno de rehabilitación de conectividad vial y peatonal. Este monto se distribuye de la siguiente manera:
Entre los proyectos de inversión pública se encuentra la reconstrucción de bordas en el río Grande, que abarca una ubicación en San Miguel y en los municipios de Usulután y Concepción Batres, departamento de Usulután.
Con este plan, que tendrá una inversión de $4 millones y que incluye el diseño, la construcción y la supervisión de las obras, resultarán beneficiadas 750 familias, quienes residen en las zonas aledañas antes mencionadas.
En el pleno también fue expuesto un segundo proyecto, que consiste en la reconstrucción de la calle que conduce de Panchimalco a cantones El Divisadero y Panchimalquito, situados en el municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.
De acuerdo con lo planteado en el pleno, la inversión sería de un millón de dólares y este proyecto beneficiará a un total de 41, 260 residentes de esa área.
Además, con un total de $13 millones, el MOP también reconstruirá un puente situado sobre el río Titihuapa, que conecta el tramo entre Ciudad Dolores (San Vicente) y San Ildefonso (Cabañas). Con dicha obra, los beneficiados serán 13, 600 habitantes.
“Estamos respaldando la construcción de un puente sobre el río que une a Cabañas y San Vicente. Entre estos dos departamentos existe un gran intercambio comercial, por ello, este proyecto beneficiará a las comunidades de la zona”, comentó el legislador Pío Amaya.
Por otro lado, con $2 millones, se ejecutará la rehabilitación de tres obras de paso sobre el río Las Piñas, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Con esto se recuperaría la conectividad vial y peatonal y se beneficiaría a más de 25 mil habitantes.
“En tres años se están haciendo obras muy importantes y que sí le sirven al pueblo, porque mejora la conectividad entre cantones de mi querida gente de Santa Rosa”, dijo el diputado de La Unión, Edwin Serpas.
A su vez, el legislador William Soriano indicó: “Jamás se había visto tanta inversión en el departamento de La Unión. Para mi gente del cantón Las Cañas, de Santa Rosa de Lima –que abarca los caseríos de la zafra- y que colinda con algunos caseríos en Anamorós, les quiero decir: Les hemos cumplido”.
De acuerdo con el funcionario Soriano, con la inversión de los 2 millones de dólares se va a poder reconstruir el puente, se edificará pasos peatonales, se colocará iluminarias, se reconectará el paso vial.
“Mientras otros se dedicaban a botar puentes, nosotros nos dedicamos a construirlos y a garantizar la seguridad de los salvadoreños”, comentó el diputado Soriano. “Los niños podrán ir a la escuela sin necesidad de mojarse los zapatos, los adultos podrán ir a comprar a otros caseríos sin tener que pasar por un río exponiendo su vida”, agregó.
Estos recursos provienen de un préstamo suscrito entre el Banco Mundial y el gobierno de la República, bajo el proyecto “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia”.
El empréstito fue aprobado en mayo de 2021 y contiene una cláusula que le permite al Estado utilizar una respuesta contingente para atender emergencias ocasionadas por eventos medioambientales, como sequías, tormentas, inundaciones, entre otras.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
