Nacionales
VMT confirma reducción del 23% en accidentes de tránsito en 2020
El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, confirmó este viernes 1 de enero que se registró una reducción del 23 % en los accidentes de tránsito en 2020, con relación al año anterior y, a pesar de que en diciembre hubo un incremento en el número de fallecidos por los siniestros viales, 2020 cerró con una reducción del 25 %.
El VMT reportó 1,051 fallecidos en accidentes de tránsito, mientras que en 2019 fueron 1,406. La disminución, tanto de accidentes como de muertes, se debe al trabajo que el gobierno ha desarrollado, intensificando los controles vehiculares y una campaña de prevención para que los automovilistas tomen conciencia de la peligrosidad de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o distraerse mientras conducen, destacó el funcionario.
Castelar informó que entre las principales causas de los accidentes están: invadir carril, distracción del conductor y no respetar las señales de tránsito. Otra de las causas, es conducir en estado de ebriedad, por lo que durante los controles se han aplicado pruebas de alcotest, para evitar que sigan ocurriendo percances viales por esta causa.
Este 1 de enero, las autoridades capturaron, por el delito de conducción peligrosa, a dos personas por sobrepasar los niveles de alcohol en sangre. Uno de ellos es Marlon Pérez, de 20 años, con 138 grados de alcohol; además, fue detenido David Chicas, con 141 grados.
Las autoridades mantienen el llamado a la población para que eviten ser parte de las estadísticas y cumplan con las normas de tránsito, así como ser más responsables al momento de conducir.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
