Judicial
Un carpintero dio más de 20 años de trabajo para levantar un negocio, su pago fue ser despedido injustificadamente
Luego de haber dado los mejores años de su vida, un carpintero dijo sentirse traicionado por la mujer con la que trabajó por más de 20 años y que antes de despedirlo le robó el dinero que tenía que ser destinado al pago de las prestaciones por sus servicios en una venta de muebles.
Desde los 23 años, Hugo (nombre modificado por seguridad) trabajó para Ángela L. una mujer de 62 años que administraba un negocio de su propiedad en el municipio de Ciudad Delgado en San Salvador.
La relación entre patrona y empleador fue la mejor, el carpintero era uno de los más consolidados en el negocio debido a la experiencia que tenía en el oficio y la calidad que ofrecía en cada una de sus obras.
Pese a esto, el hombre, que comenzó a trabajar en este negocio cuando cumplió 23 años, nunca dejó de percibir más del salario mínimo, algo que hasta cierto punto no le molestaba ya que le servía para vivir.
El carpintero era pieza clave en el negocio de Ángela, quien desde los 30 años estableció su venta de muebles en la que tenía a su disposición 10 empleados que le ayudaron a ganar una buena reputación en la zona.
Un despido sin justificación
La empresaria comenzó a planificar cambios en su negocio y en estos no estaba incluído Hugo a quien el 27 de agosto de 2015 le notificó que estaba despedido, algo que fue difícil de asimilar en un primer momento.
En esta empresa fue que el carpintero se especializó en la manipulación de maquinaria para trabajar la madera, algo por lo que su jefa obtuvo buenas ganancias que no fueron agradecidas al terminar su relación.
El empleado esperaba una gran indemnización por el tiempo laborado, sin embargo, Ángela nunca le entregó el dinero lo que provocó su enojo y una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
En el proceso, la víctima se enteró que la mujer por la que llegó a sentir afecto se había aprovechado de esto ya que se había apropiado de las cuotas del Seguro Social.
Hugo explicó que siempre recibió su pago en efectivo y que su patrona anotaba en un libro los $7 semanales que le descontaba para realizar el pago del Seguro Social. Tras analizar el caso, el afectado descubrió que el descuento realmente era de $9.
Esto puso en alerta al carpintero y fue a las oficinas del Seguro Social donde le emitieron un informe de su cotización el cual estableció que faltaba el pago de varios meses de los años 2002, 2003, 2008 y 2009, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía.
El proceso judicial
El 30 de enero del 2017, se instaló la audiencia inicial donde Ángela se defendió de las acusaciones y dijo que “nunca le he descontado al señor, él me pedía en pago anticipado».
La imputada también señaló que «siempre pedía permiso porque él trabajaba en una conjunto musical a cantar. Yo le decía que fuera a trabajar y él contestaba ‘¡Que lo haga otro!». Además, la mujer aseguró que el carpintero le robaba materias y que por amenazas que le hacía nunca lo denunció.
En su defensa, el ofendido señaló que las únicas ausencias que se registraban en su historial laboral eran cuando Ángela le sugería que por falta de trabajo se fuera para su casa, algo que llegó a darse en periodos de hasta 15 días consecutivos.
También afirmó que no había hurtado ningún tipo de material. “Yo soy el único que se atrevió a denunciar, hay otras ocho personas en la mis situación”, concluyó.
El caso por retención indebida de cuotas ha llegado hasta el Juzgado Tercero de sentencia de San Salvador en el que se tiene previsto realizar la vista pública agendada para inicios del presente año.
NOTA DE El SALVADOR TIMES
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
