Judicial
Un carpintero dio más de 20 años de trabajo para levantar un negocio, su pago fue ser despedido injustificadamente
Luego de haber dado los mejores años de su vida, un carpintero dijo sentirse traicionado por la mujer con la que trabajó por más de 20 años y que antes de despedirlo le robó el dinero que tenía que ser destinado al pago de las prestaciones por sus servicios en una venta de muebles.
Desde los 23 años, Hugo (nombre modificado por seguridad) trabajó para Ángela L. una mujer de 62 años que administraba un negocio de su propiedad en el municipio de Ciudad Delgado en San Salvador.
La relación entre patrona y empleador fue la mejor, el carpintero era uno de los más consolidados en el negocio debido a la experiencia que tenía en el oficio y la calidad que ofrecía en cada una de sus obras.
Pese a esto, el hombre, que comenzó a trabajar en este negocio cuando cumplió 23 años, nunca dejó de percibir más del salario mínimo, algo que hasta cierto punto no le molestaba ya que le servía para vivir.
El carpintero era pieza clave en el negocio de Ángela, quien desde los 30 años estableció su venta de muebles en la que tenía a su disposición 10 empleados que le ayudaron a ganar una buena reputación en la zona.
Un despido sin justificación
La empresaria comenzó a planificar cambios en su negocio y en estos no estaba incluído Hugo a quien el 27 de agosto de 2015 le notificó que estaba despedido, algo que fue difícil de asimilar en un primer momento.
En esta empresa fue que el carpintero se especializó en la manipulación de maquinaria para trabajar la madera, algo por lo que su jefa obtuvo buenas ganancias que no fueron agradecidas al terminar su relación.
El empleado esperaba una gran indemnización por el tiempo laborado, sin embargo, Ángela nunca le entregó el dinero lo que provocó su enojo y una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
En el proceso, la víctima se enteró que la mujer por la que llegó a sentir afecto se había aprovechado de esto ya que se había apropiado de las cuotas del Seguro Social.
Hugo explicó que siempre recibió su pago en efectivo y que su patrona anotaba en un libro los $7 semanales que le descontaba para realizar el pago del Seguro Social. Tras analizar el caso, el afectado descubrió que el descuento realmente era de $9.
Esto puso en alerta al carpintero y fue a las oficinas del Seguro Social donde le emitieron un informe de su cotización el cual estableció que faltaba el pago de varios meses de los años 2002, 2003, 2008 y 2009, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía.
El proceso judicial
El 30 de enero del 2017, se instaló la audiencia inicial donde Ángela se defendió de las acusaciones y dijo que “nunca le he descontado al señor, él me pedía en pago anticipado».
La imputada también señaló que «siempre pedía permiso porque él trabajaba en una conjunto musical a cantar. Yo le decía que fuera a trabajar y él contestaba ‘¡Que lo haga otro!». Además, la mujer aseguró que el carpintero le robaba materias y que por amenazas que le hacía nunca lo denunció.
En su defensa, el ofendido señaló que las únicas ausencias que se registraban en su historial laboral eran cuando Ángela le sugería que por falta de trabajo se fuera para su casa, algo que llegó a darse en periodos de hasta 15 días consecutivos.
También afirmó que no había hurtado ningún tipo de material. “Yo soy el único que se atrevió a denunciar, hay otras ocho personas en la mis situación”, concluyó.
El caso por retención indebida de cuotas ha llegado hasta el Juzgado Tercero de sentencia de San Salvador en el que se tiene previsto realizar la vista pública agendada para inicios del presente año.
NOTA DE El SALVADOR TIMES
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
